El Constitucional vuelve a aplazar la sentencia sobre el Estatuto catalán por falta de acuerdo

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán se retrasará aún más, puede que incluso meses, hasta después de las elecciones autonómicas previstas para otoño. El pleno, reunido desde el pasado miércoles, ha cerrado hoy este periodo de sesiones sin acuerdo. La quinta ponencia debatida ha sido rechazada por seis votos a cuatro, por lo que deberá elaborarse un nuevo texto y someterse al criterio de los 10 jueces.

El primer recurso lo presentó el Partido Popular en julio de 2006, poco después de la aprobación en referéndum de la norma (sancionada ya por Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña); después se sumarían el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas (Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares). Desde entonces, la sentencia ha condicionado la política nacional y catalana, y ha enturbiado las aguas judiciales. Y ahí siguen.

Tras las reuniones de miércoles, jueves y viernes, los magistrados salían ya del pleno sin acuerdo cuando el vicepresidente, Guillermo Jiménez, les ha vuelto a convocar para valorar si es necesario cambiar el ponente. Finalmente, el nuevo ponente será el propio Jiménez, del grupo de los conservadores. Entre tanto, el Gobierno ha expresado su fe en que la sentencia pueda emitirse antes del verano, confiándolo a la agilidad del nuevo ponente.

El texto debatido hoy fue redactado por la catedrática progresista Elisa Pérez Vera. Por primera vez, no hizo falta una votación prospectiva para saber la posición de cada magistrado; sin embargo, tampoco se ha logrado un acuerdo.

La presidenta, la catedrática María Emilia Casas, y otros tres magistrados del bloque progresista (el abogado Eugeni Gay Montalbo, el magistrado del Tribunal Supremo Pascual Sala Sánchez y la propia Pérez Vera) respaldaban la ponencia. Necesitaban el apoyo del otro progresista, el catedrático Manuel Aragón Reyes, que lo había condicionado a que se sumara algún magistrado del bloque conservador; en principio, durante la deliberación podrían haber convencido al vicepresidente o, más dudosamente, al magistrado del Supremo Ramón Rodríguez Arriba. No ha sido así.

En caso de que Aragón hubiera respaldado la ponencia, renunciando a sumar apoyos conservadores, la presidenta habría podido aplicar su voto de calidad para romper el empate a cinco votos, aunque habría preferido no tener que hacerlo.

Expectación y bromas en Cataluña

En Cataluña, los políticos han mantenido los dientes apretados durante esta mañana de deliberaciones, ante la expectativa (más sólida de lo habitual) de que hubiera sentencia. En Barcelona había debate en el Parlamento autónomo, los diputados estaban más pendientes de recibir un aviso en su teléfono móvil que de la sesión en curso. Tanto es así que el presidente de ERC, Joan Puigcercós, quiso gastar una broma a los periodistas y aseguró que por fin había sentencia. El revuelo duró unos minutos, y logró alarmar también a todos los responsables políticos.

El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, se reunió por la mañana con el vicepresidente, Josep Lluís Carod Rovira (ERC); el consejero y líder de ICV, Joan Saura; el presidente del Parlamento, Ernest Benach (ERC); y el líder republicano, Joan Puigcercós. Las cuestiones abordadas en la reunión no trascendieron, pero el tema que estaba en boca de todos ayer en la Cámara catalana no era otro que el Estatuto.

En la respuesta a Ciutadans, el presidente catalán se limitó a confirmar que "las sentencias se acatan, pero eso no quiere decir que las tengas que compartir", y recordó en varias ocasiones que la culpa de la situación actual es del PP -"colaborador de CiU en el pasado"- porque recurrió en 2006 el Estatut "y no lo ha retirado a pesar de que se lo hemos pedido" en varias ocasiones, precisó.

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, lamentó también en la sesión de control que "la voluntad de todo un pueblo está en manos de una sola persona", la presidenta del TC, que tiene voto de calidad y puede decantar el fallo estatutario en un sentido u en otro.