El catalán marcó el camino de otros ocho estatutos

El impulso del Parlamento de Cataluña para aprobar su estatuto sirvió a otras nueve comunidades para reformar los suyos desde abril de 2006. Son todos distintos entre sí, pero en la mayoría de los casos siguen unas pautas comunes y una estructura calcada del de Cataluña.

En todos los casos, salvo el catalán, hubo pacto entre el PSOE y el PP en los parlamentos autonómicos y en su tramitación en el Congreso y el Senado. El PP pasó de cuestionar la necesidad de cambiar los estatutos a lanzarse en cada comunidad a elaborar textos nuevos. Y de defender la homogeneidad a establecer por la vía de hecho la asimetría de textos distintos en cada autonomía.

Incluso, hay capítulos y artículos aceptados por el PP, pese a ser idéntico a algunos de los recurridos por este partido para el de Cataluña.

Casi todos copiaron el modelo catalán de establecer un capítulo de derechos y deberes, aunque cambie en cada uno el contenido. También coincidieron al establecer las tres tipologías de las competencias: exclusivas, compartidas y estatales.

Y marcó también el camino para que los estatutos establezcan porcentajes de inversión en las comunidades en función del PIB o con distintas variables. Es lo que el entonces vicepresidente segundo, Pedro Solbes, llamó el sudoku autonómico, porque obliga a cuadrar las exigencias de cada estatuto a la hora de hacer los Presupuestos. Para el PP esto supone una clara inconstitucionalidad, por entender que son las Cortes las que tienen la competencia exclusiva para elaborar los Presupuestos, pero ha aceptado que otros estatutos fijen criterios de inversión en función de población, deuda histórica o PIB.

También se cuestionó la bilateralidad del estatuto catalán, pero en los otros textos se han creado también comisiones paritarias entre el Estado y la comunidad que trasladan el mismo modelo, Y que tienen capacidad para determinar inversiones en la respectiva comunidad, es decir, consagran la misma bilateralidad.

También siguen la misma línea, aunque con distinto grado de desarrollo, en el capítulo de Justicia. Por ejemplo, creando los consejos de Justicia autonómicos, a expensas de su desarrollo futuro en la ley orgánica que no se ha producido hasta ahora.

El más rápido

El de Valencia fue el primero. Incluso, se anticipó al de Cataluña con una tramitación muy rápida y sin conflictos, pactada entre el PP y el PSOE. Aunque se hizo para alejarse lo más posible del texto de Cataluña, se incluyeron algunos artículos similares como los referidos a la Justicia y la creación de consejos autonómicos.

La principal peculiaridad es lo que se llama la "claúsula Camps", según la cual, de forma preventiva, Valencia podría aspirar a tener las competencias de la comunidad que más competencias tenga en el futuro.

El de Aragón se tramitó también sin sobresaltos, pero con un artículo problemático: el referido al agua. PSOE y PP pactaron incluir una reserva de agua para la comunidad, sin que a los populares les pareciera entonces que se invadían competencias autonómicas.

El de Baleares incluye fórmulas de bilateralidad casi idénticas a las de de Cataluña y también establece porcentajes de inversión en la comunidad.

El acuerdo del estatuto de Andalucía supuso un enfrentamiento interno en el PP, porque Javier Arenas terminó por pactar más de una veintena de artículos idénticos a los recurridos por su partido ante el Tribunal Constitucional. Así, tiene un capítulo de derechos y deberes, incluyendo el del derecho a una muerte digna.

Es similar el capítulo de Justicia y hasta el de creación de un Consejo Audiovisual para medios privados, lo que, según el recurso del PP, es inconstitucional.

El de Castilla y León sigue el mismo esquema que el de Cataluña, pero su tramitación fue ultrarrápida, sin apenas cambios en el Congreso.

Extremadura y Castilla-La Mancha

En este momento están en trámite el de Extremadura y el de Castilla-La Mancha. Este último llegó pactado del parlamento autonómico, pero se ha atascado durante tres años y medio porque ambos partidos tienen problemas internos sobre al agua. En concreto, el estatuto fijaba la caducidad del trasvase Tajo-Segura para el 2015 y los dos partidos quieren eliminar ese artículo.

Y el de Extremadura está esperando que salga el castellanomanchego de la Comisión constitucional. Fue pactado en la comunidad y no presenta ningún punto de conflicto, pero tiene algunas similitudes con el catalán.

Incluso, tiene un capítulo que hubiera supuesto un escándalo en el catalán, en el que regula las relaciones internacionales de Extremadura. El capítulo establece la forma de colaboración con Portugal, algo que Cataluña no se atrevió a hacer respecto a Francia.

Y Canarias intentó hacer un estatuto. Pactó un texto en la comunidad, lo remitió al Congreso y en el inicio del trámite lo retiró. Iba mucho más allá que el catalán en algunas cosas y presenta elementos de dudosa constitucionalidad que el PP aceptó en las islas como considerar parte del territorio de la comunidad las aguas jurisdiccionales o la atribución de competencias sobre inmigración.

Otro elemento común en la tramitación es que los cambios se introdujeron en el Congreso y el Senado, pese a ser teóricamente la cámara territorial, no ha cambiado una coma de ninguno.