Cuatro años de encarnizada batalla política

El Parlamento catalán aprobó el nuevo Estatuto en septiembre de 2005, con el único voto en contra del PP. En noviembre llegó a las Cortes nacionales, de donde salió algo remozado y con la oposición de populares y ERC. Ese nuevo texto es aprobado por el 74% de los catalanes el 18 de junio de 2006; la participación es del 49%. El 31 de julio, el PP presente un recurso ante el Tribunal Constitucional que afecta a 113 de los 223 artículos de la norma. En los siguientes meses lo recurrirán el Defensor del Pueblo y cinco comunidades (Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y La Rioja).

Otoño de 2006

La tramitación del recurso del PP se congela por una oleada de recusaciones cruzadas. El tribunal está compuesto por doce magistrados: seis conservadores y seis progresistas, entre ellos su presidente, María Emilia Casas, que cuenta con voto de calidad en caso de empate. La Generalitat catalana intenta sin éxito apartar de las deliberaciones al magistrado conservador Roberto García-Calvo. El PP, por su parte, carga contra el progresista Pablo Pérez Tremps y contra la presidenta. Sólo se acepta la recusación del catalán, lo que deja la sentencia en manos de una mayoría conservadora. Se trata de la primera maniobra de este calibre en las tres décadas de historia del Constitucional. El 1 de noviembre se celebran elecciones autonómicas. CiU obtiene el 31% de los votos, pero los socialistas conservan la presidencia con el respaldo de ERC e ICV.

Marzo de 2007

Cataluña pide y se le acepta que no se acumulen los seis recursos, de forma que Pérez Tremps pueda votar en todos menos en el presentado por el PP. El presidente del Gobierno catalán, José Montilla, apuesta por “retocar” la Constitución si el tribunal tumba el Estatuto. El sector conservador confía en tener lista la sentencia para mayo.

Mayo de 2007

El Gobierno reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para prorrogar el mandato de su presidenta (que concluye en junio) y mantener así el as en la manga que supone su voto de calidad. El PP recurre este cambio legislativo, que afecta también a la renovación de los otros tres magistrados propuestos por el Senado, cuyo mandato acaba en diciembre. Se trata del vicepresidente, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata; los tres son conservadores. Estas maniobras congelan todos los cambios de forma indefinida.

Verano de 2007

Rajoy corteja a CiU de cara un posible pacto tras las elecciones generales, pero los nacionalistas le exigen que retire su recurso contra el Estatuto. La Generalitat catalana denuncia al Constitucional la “incoherencia” del PP, que ha dado su visto bueno al nuevo Estatuto andaluz pese a contener 28 artículos idénticos a los que inpugnó en el catalán. El tribunal tira de las orejas al Gobierno valenciano (del PP) por recurrir la norma andaluza con el único objeto de minar la catalana.

10 de septiembre de 2007

El PP bloquea en el Senado la renovación de los cuatro magistrados para que sigan en sus asientos y mantener así la mayoría conservadora. En la ocasión anterior, la Cámara Alta eligió a tres conservadores y un progresista, pero la actual composición llevaría a seleccionar a dos de cada bloque.

29 de septiembre

El PP intenta hacerse con una mayoría de control apartando a María Emilia Casas mediante un ataque judicial al cambio legislativo impulsado por el Gobierno. Eso le permitiría sacar adelante sus recursos contra las leyes más importantes de la legislatura socialista. El Gobierno se plantea recusar a García-Calvo y al conservador Rodríguez-Zapata.

9 de marzo de 2008

Las elecciones generales refrendan al PSOE en el Gobierno. Del nuevo Senado vuelve a depender la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato acababa en diciembre. Los socialistas quieren elegir a dos y dejar otros tantos al PP. Una vez más, los populares maniobran para dilatar la renovación y mantener la mayoría conservadora.

18 de mayo de 2008

Fallece García-Calvo. Su puesto (tenía mandato hasta 2010) tampoco es cubierto por falta de consenso político. El sector progresista recupera su ventaja en el tribunal (cinco-cinco, pero con voto de calidad).

18 de septiembre de 2008

El Constitucional carga contra el PP por quejarse de la tardanza cuando ha sido este partido el que en su opinión ha dilatado la sentencia con sus recursos.

Agosto de 2009

La ponente, Elisa Pérez Vera, presenta la tercera redacción de la sentencia, que tampoco prospera ante la tajante división de progresistas y conservadores. La Generalitat catalana acelera la aprobación de leyes ante un posible fallo adverso. María Emilia Casas sugiere que podría estar listo para octubre.

Noviembre de 2009

Fracasa el cuarto borrador, por seis votos (el bloque conservador y Manuel Aragón Reyes) a cuatro. El PP trata de dulcificar su imagen en Cataluña tras la aplastante derrota electoral (perdió allí 17 de los 25 escaños que le separan del PSOE), y evita cualquier referencia al Estatuto. ERC, el otro grupo que votó en contra en el Parlamento, adelanta ahora que no acatará una sentencia en contra. El tribunal sigue encallado, y dos tercios de sus magistrados ha finalizado ya su mandato; su renovación sigue bloqueada.

Marzo de 2010

Los cinco magistrados progresistas llegan a un principio de acuerdo sobre la quinta ponencia de Pérez Vera, pero Aragón supedita su apoyo a que se sume al pacto algún magistrado conservador.

16 de abril de 2010

El pleno rechaza la quinta ponencia (4-6) tras tres días de deliberaciones. Aragón vota finalmente con el bloque conservador. Se encarga la redacción de un nuevo texto al vicepresidente, Guillermo Jiménez.

28 de junio de 2010

El Tribunal Constitucional refrenda la mayor parte del Estatuto por seis votos a cuatro. María Emilia Casas retocó su propio fallo para poder cerrar una sentencia. El alto tribunal estima que el preámbulo del texto, que define a Cataluña como nación, "carece de eficacia jurídica"