La presidenta del TC redactará la nueva sentencia del Estatuto ante el fracaso de conservadores y progresistas

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, será la encargada de presentar la próxima ponencia de la sentencia del Estatuto catalán, después de que ni conservadores ni progresistan hayan logrado aportar un texto que obtenga el consenso necesario para su aprobación. El de Casas será el séptimo intento de alcanzar un fallo al recurso presentado por el PP. A última hora de la tarde, el vicepresidente del alto tribunal y magistrado conservador, Guillermo Jiménez, ha retirado su proyecto por falta de apoyos, sin que siquiera fuera propuesto para la votación.

El borrador de Guillermo Jiménez ha sido abordado esta tarde en el pleno del alto tribunal, pero el resultado ha sido el mismo que en anteriores ocasiones: no hubo acuerdo. Así ha ocurrido en las cinco anteriores ocasiones con los proyectos presentados por la progresista Elisa Pérez Vera desde 2009. El último, el pasado 16 de abril. Aunque el texto no ha llegado siquiera a votarse. Se han producido distintas intervenciones, que han sido suficientes para que Jiménez se diera cuenta de que no tenía la más mínima posibilidad de éxito.

El pleno se había reunido este miércoles para despachar diversos asuntos de trámite y en el orden del día figuraba la deliberación sobre el borrador de sentencia del Estatuto, elaborado por el vicepresidente. Según las fuentes consultadas, en el tribunal había "poco optimismo" acerca de un acuerdo que alumbre un fallo.

En principio, y salvo sorpresas, no parecía que de esta reunión plenaria fuera a salir la sentencia, sino que el ponente y los dos magistrados que respaldan su proyecto, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, tenían previsto iniciar labores de acercamiento a los cuatro progresistas y tres conservadores que seguían renuentes a esta ponencia. Finalmente la falta de apoyos ha hecho que se retirara el borrador. Y ante esta situación se ha decidido que sea la presidenta quien se encargue de redactar la sentencia. Casas, que ha expresado su intención de elaborar un nuevo borrador a la mayor brevedad posible, es la tercera ponente de la sentencia.

El endurecimiento de la ponencia del vicepresidente del alto tribunal con respeto al último texto presentado por Pérez Vera, que fue rechazado por seis votos frente a cuatro, hacía prever que podía producirse un nuevo bloqueo. En ese texto se declaraban inconstitucionales una quincena de artículos y ponía pegas a una veintena más. El texto de Jiménez pretendía atraerse seis votos favorables, con el apoyo del progresista Manuel Aragón, que se ha alineado con los conservadores (Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde), muy crítico con el texto estatutario. En el lado progresista, al margen de Aragón y de Pérez Vera de la propia Casas están Eugeni Gay y Pascual Sala. Queda ahora en el aire una reunión que estaba prevista para mañana, en la que se iban a avanzar en las discusiones del proyecto presentado por Jiménez.

El Parlamento catalán aprobó el nuevo Estatuto en septiembre de 2005, con el único voto en contra del PP. En noviembre, llegó a las Cortes nacionales, de donde salió algo remozado y con la oposición de populares y ERC. Ese nuevo texto es aprobado por el 74% de los catalanes el 18 de junio de 2006; la participación es del 49%. En los siguientes meses lo recurrirán el Defensor del Pueblo y cinco comunidades (Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y La Rioja). El PP recurrió ha recurrido 113 de los 223 artículos de losque se compone el Estatuto catalán. El 23 de enero de 2007, la Generalitat puso la primera piedra del despliegue del Estatuto con la aprobación del proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. Desde entonces, casi medio centenar de leyes que emanan del texto estaturario han sido desarrolladas.

Cambio en la ley

Mientras, los partidos catalanes que el lunes firmaron la propuesta para pedir un cambio en la ley del Tribunal Constitucional han presionado al PSOE para que la haga suya y la tire adelante. Los tres socios del tripartito y CiU creen que un cambio en la ley hecho a medida para el Estatuto podría frenar la sentencia.

Los partidos catalanes confían en que su propuesta de cambio de ley del Constitucional acabe fructificando. La propuesta fija, entre otras cosas, un trato especial a los recursos referentes a estatutos, que deberían ser ratificados en un tiempo máximo de seis meses y por una mayoría cualificada de ocho miembros.

Para que esta fórmula sea aprobada, los partidos que suscribieron el texto necesitan del apoyo de todos los diputados y senadores socialistas. "Todo queda en manos del PSOE", verbalizó la secretaria del Gobierno, la socialista Laia Bonet. El titular de Economía, Antoni Castells, aseguró que la firma de los cuatro partidos "es una gran noticia". "Para que pudiera entrar el PSOE primero tenía que existir esa unidad", recalcó. La oportunidad de los socialistas de influir pasa por el presidente de la Generalitat, José Montilla. Este irá al Senado a defender la constitucionalidad del Estatuto el próximo lunes, un día antes de que los partidos registren la propuesta en la Cámara alta. Pendiente quedarála reunión de Montilla con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin fecha, que se demorará hasta que el PSC y el PSOE pacten cambiar la ley.

CiU aprovechó esta circunstancia para extender la presión a los socialistas catalanes. "Los responsables de que no haya sentencia en el Tribunal Constitucional son los socialistas. El PSC debe convencer al PSOE para que no haya sentencia", dijo Josep Maria Pelegrí, secretario general de Unió. Pelegrí recordó las palabras de Rodríguez Zapatero en 2003, cuando se comprometió a apoyar el Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. "Zapatero debe cumplir ahora la promesa hecha a los catalanes. Depende de ellos que no haya sentencia", aseveró. ICV-EUiA redundó en la presión a los socialistas, a los que pidió "responsabilidad institucional" para tirar adelante el cambio que evite la sentencia. La que no confía ni en los socialistas ni en la suerte del texto es ERC, el único partido al que le interesa que haya un fallo inmediato. Joan Ridao, secretario general de ese partido, recordó que apoya cualquier pacto, aunque cree que no servirá de nada porque la sentencia "ya está hecha y es malísima".

El más rotundo contra el alto tribunal ayer fue Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. Roca auguró que los magistrados dimitirán por "dignidad" para no dictar la sentencia. Roca pidió un "plus de estabilidad" para elEstatuto basándose en que la Constitución obliga a Cataluña a refrendarlo. Según Roca, si los magistrados dimiten "respetarán la voluntad popular y el espíritu de la Constitución".