El 'borrador Casas': ¿otro intento fallido o la sentencia definitiva?

Los magistrados del Tribunal Constitucional llevan cuatro años intentando ponerse de acuerdo para dictar una sentencia sobre el Estatuto catalán. Estos días se reúnen en torno a una mesa en la que se han encontrado el séptimo borrador, esta vez redactado por la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, que decidió tomar las riendas el pasado 19 de mayo ante la imposibilidad de progresistas y consevadores de lograr un mínimo consenso.

El último intento fallido fue el del conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del Constitucional, cuyo texto no llegó siquiera a someterse a votación. En la papelera acabaron también las cinco propuestas de la progresista Elisa Pérez Vera, que no lograron reunir el suficiente consenso. El texto estatutario ha puesto en evidencia las debilidades del alto tribunal y le ha sumergido en una crisis sin precedentes. Las elecciones catalanas, previstas para el próximo otoño, y la absoluta disonancia en el alto tribunal, han hecho difícil otear en el horizonte una salida a corto plazo, aunque el compromiso de Casas es aprobar cuanto antes una sentencia.

No era la primera vez que se prometía celeridad. Después de resolver varios recursos presentados por el PP y varias recusaciones, en mayo de 2008, el Constitucional se mostró decidido a dar la máxima prioridad a la tramitación del texto catalán, y anunció la celebración de sesiones plenarias los martes, miércoles y jueves de todas las semanas y la ralentización de la resolución de todos los recursos de amparo menos urgentes. Ese año no hubo más que un puñado de anuncios de una inminente decisión, que finalmente no llegó.

No fue hasta el año siguiente cuando comenzaron a sucederse las propuestas de resolución del recurso del PP al texto que en su día aprobó el Parlamento catalán, después las Cortes y, por último, los catalanes, en referéndum. Las dos primeras lecturas de la magistrada Elisa Pérez Vera, de un millar de folios, concluyeron en el mes de julio de 2009 sin acuerdo y con decenas de correcciones. Las deliberaciones encallaron especialmente en dos puntos medulares del texto: el término "nación" y el deber de conocer la lengua catalana. Dos aspectos en los que las posiciones eran irreconciliables. Aunque el enfrentamiento entre los dos sectores de magistrados se extendía también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales".

Despliegue frenético

A finales de julio de 2009, la ponente de la sentencia principal presentó la tercera redacción de sentencia, que tampoco prosperó, al no ceder ni un milímetro los magistrados del alto tribunal en sus posiciones. Por entonces, el Gobierno y la Generalitat se prepararon para una posible sentencia adversa. El Ejecutivo catalán, presidido por el socialista José Montilla,defendió un despliegue "frenético" del Estatuto para protegerlo.

En esa tercera lectura, la ponente no sólo se encontró con la oposición frontal del núcleo conservador (Guillermo Jiménez, Javier Delgado, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata), sino que también algún progresista, especialmente Manuel Aragón, pusieron pegas a la redacción. A finales de septiembre, la presidenta del Constitucional sugirió que podría haber sentencia en octubre.

El 12 de noviembre de 2009, se reunió el pleno del alto tribunal en el que se pronunció contra la ponencia de la progresista Pérez Vera, que ya suponía el cuarto borrador, que avalaba aspectos clave del Estatuto. Fue rechazado por seis de los 10 magistrados que integraban el pleno votaron en contra (los conservadores más el progresista Manuel Aragón frente a cuatro progresistas). La ponente rechazó el término "nación" del Preámbulo, pero se mostró favorable a la constitucionalidad de los derechos históricos de Cataluña y avaló el artículo que impone la obligatoriedad de conocer le catalán.

Después de este nuevo fracaso, los magistrados continuaron sus deliberaciones y decidieron excluir el término "nación" del Preámbulo y cuestionaron 40 artículos. Los debates se centraban en "los derechos históricos" y en la lengua. Una vez eliminado ese escollo,le llegó el turno al Título Preliminar, sobre todo en lo referente a los símbolos nacionales y los "derechos históricos" de Cataluña. La presión de la clase política y de la sociedad ha ido en aumento,más si cabecuando los diarios catalanes publicaron un editorial conjunto en defensa del Estatuto.

Mientras, las posturas en el Constitucional siguieron siendo irreconciliables. A finales de noviembre, las últimas deliberaciones dieron a entender que serían anulados varios artículos y que se matizarían al menos 40. Fuentes del Ejecutivo central aseguraron que el principal escollo se encontraba en el artículo 8, el referido a los "símbolos nacionales".

Quinto intento

El Constitucional se mostró de nuevo en abril incapaz de resolver el recurso que el PP presentó hace cuatro años contra el Estatuto catalán. Por cuatro votos a favor y seis en contra, fue desestimada la ponencia de Pérez Vera, que declaraba inconstitucionales 14 artículos: desde el uso "preferente" del catalán a las competencias del Consejo de Justicia de Cataluña. El término "nación", que rechaza el magistrado Manuel Aragón, fue clave. Montilla exigió la renovación del tribunal.

Se nombró entonces un nuevo ponente, el vicepresidente del organismo y magistrado conservador Guillermo Jiménez, que el 19 de mayo retiró un texto que era mucho más restrictivo. Fue entonces cuando Casas inició una nueva etapa cuyo final es impredecible.