El tripartito ha aprobado 41 leyes que cuelgan de la nueva norma
El Estatuto de Cataluña está estancado desde julio de 2006 en el Tribunal Constitucional pero no es ni mucho menos una ley orgánica en punto muerto. El Parlamento catalán ha aprobado desde entonces 41 leyes que cuelgan directamente del polémico texto y que son de desarrollo interno, es decir, que despliegan competencias que dependen directamente de la Generalitat. El Departamento de Interior y Relaciones Institucionales del tripartito sostiene que en ese ámbito han cubierto un 80% del trabajo pendiente.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo ayer que es su "obligación" desarrollar el Estatuto con normalidad y el del Parlamento, Ernest Benach, se mostró partidario de hacerlo con la "máxima intensidad". "El fallo ha condicionado la vida política de estos años y llevamos toda esta legislatura con la espada de Damocles encima", lamentó Benach, que instó a los partidos a dar una "respuesta unitaria en defensa de los intereses del país".
Todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, han apoyado el despliegue del Estatuto. Joan Saura, consejero de Interior, remarca que la carta catalana ha permitido pactar el modelo de financiación y aumentar la inversión del Estado en Cataluña. Montilla incluye en el haber los traspasos de la Inspección de Trabajo y Cercanías de Renfe. El Parlamento tramita unas 20 leyes. Estas son algunas de las aprobadas.
- Ley de consultas. Promovida por Esquerra Republicana (ERC) esta ley permite organizar consultas populares y, a juicio de los independentistas, abre la puerta a un referéndum secesionista. Este extremo es improbable, puesto que cualquier consulta requerirá el visto bueno del Gobierno central. También se ha aprobado la del Síndic de Greuges -el PP y el Defensor del Pueblo recurrieron el artículo del Estatuto que lo regula al Constitucional- y la del Consejo de Garantías Estatutarias. Este último órgano emite dictámenes sobre si las normas se ajustan al Estatuto y a la Constitución.
- Ley de Educación. Es, posiblemente, la ley estrella del mandato pactada por la sociovergencia y Esquerra Republicana (ERC) y que provocó una serie grieta en el tripartito. Los ecosocialistas se descolgaron del acuerdo porque mantiene las subvenciones a colegios que separan a los alumnos por sexos. El PP la rechazó por la inmersión lingüística.
