La Audiencia investiga un fraude en la compra de CO2
La fiscalía cifra en 50 millones la estafa a través del IVA
La Audiencia Nacional investiga un fraude masivo del IVA en la compraventa de dióxido de carbono (CO2) en España. El juzgado de Instrucción Número 2 ordenó ayer 14 registros en Madrid, Las Rozas, Marbella y Valladolid, que culminaron con la detención de seis personas, según la Fiscalía Anticorrupción, que en un comunicado cifró la cantidad defraudada en más de 50 millones de euros.
Kepa Solaun, director de la empresa Factor CO2, uno de los mayores intermediarios de España, afirma que es "un fraude sencillísimo". Una empresa compra derechos de emisión de CO2 en cualquier país europeo y lo introduce en España. Esa operación no está sujeta al pago de IVA al ser comercio intracomunitario. Luego esta empresa, generalmente nada más que una tapadera, lo vende a una planta industrial que necesita emitir y le cobra el 16% de IVA. Cuando llega el momento de hacer la declaración trimestral del IVA, la empresa cierra y se queda con el dinero.
El CO2 es ideal para este tipo de fraude de carrusel porque "no necesita transporte ni logística", detalla Solaun. Anticorrupción aseguró que ha actuado "contra los componentes de varios grupos organizados, formados por unas 40 personas y más de 20 sociedades".
En octubre pasado, el Ministerio de Medio Ambiente impulsó un cambio legal para que el IVA del CO2 lo declare el comprador y evitar así el fraude. Casos similares se han dado en Francia y en otros países europeos. Europol calculó en diciembre pasado que el dinero defraudado en toda Europa podía alcanzar los 5.000 millones de euros y que "el 90% del mercado respondía a actividades fraudulentas".
Un informe de Sendeco2, otra de las grandes empresas, calculó que en España el 80% del mercado de compraventa era financiero. El mercado europeo de CO2 nació para limitar la emisión de gases de efecto invernadero.
Solaun detalla cómo hace más de un año comenzó a recibir llamadas de empresas sospechosas interesadas en el mercado: "Venían empresas rumanas que ofrecían un volumen enorme de compraventa de CO2 y unas comisiones enormes si trabajábamos con ellos. También había empresas del sector inmobiliario y lo rechazamos".
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