El PP equipara el consejo audiovisual a la Inquisición

Con una dureza inusitada, el PP se opuso ayer en el Senado a la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley por parte de los operadores públicos y privados. El senador popular Pedro Agramunt, que ya había comparado este organismo con el régimen de Hugo Chávez, lo equiparó ayer a la Inquisición.

El PP rechaza el CEMA por un doble motivo. Se opone a que esta autoridad independiente, cuyos miembros serán nombrados por el Congreso, tenga capacidad para cerrar radios o televisones que cometan infracciones muy graves. Argumenta que este tipo de sanciones sólo las deben imponer los jueces. Además, cuestiona que el consejo audiovisual esté adscrito al Ministerio de la Presidencia. El PP propone que sus funciones sean subsumidas por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT). Para los socialistas, sin embargo, los contenidos audiovisuales requieren un órgano diferenciado. "Se corre el riesgo de que el sector más pequeño se diluya en el más potente", dijo la senadora del PSOE Ruth Porta.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual incorpora la directiva comunitaria sobre la publicidad, regula las televisiones sin ánimo de lucro, permite que de las autonómicas puedan emitir en las comunidades limítrofes con afinidad cultural y lingüística y refuerza el carácter público de los terceros canales para que no puedan ser privatizados.

Varias enmiendas transaccionadas presentadas por la Entesa garantizan el derecho a conocer las empresas que hay detrás de los operadores, limita los contenidos pornográficos o esotéricos y establece que para garantizar el "pluralismo informativo" haya como mínimo tres operadores privados de televisión. De este modo, la ley estrecha el marco de las fusiones, ya que ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa o derechos de voto de otra cadena estatal cuando ello suponga "impedir la existencia" de al menos tres operadores.

Otra enmienda obliga a RTVE a ceder gratuitamente a sus canales a las plataformas de cable, satélite o Internet. Las privadas, por el contrario, podrán negociar el precio. En el Pleno del Senado, el PSOE encontró el apoyo de CiU, Coalición Canaria y la Entesa. El PP se abstuvo mientras que PNV y ERC votaron en contra. Con 127 votos a favor, 10 en contra y 119 abstenciones, el texto será remitido de nuevo al Congreso.