Luz verde a la creación de un órgano regulador de la televisión
El Congreso aprueba la Ley General Audiovisual con el voto en contra del PP
El sector audiovisual lleva 20 años esperando una ley, los mismos que han pasado los sucesivos Gobiernos prometiéndola. Hoy se ha cumplido el compromiso. La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) ha culminado una meteórica tramitación en el Congreso. Entró en la cámara en octubre pasado y se habilitó el mes de enero para su debate en la Comisión Constitucional. La ley ha sido defendida en el estrado por la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. No en vano, ha sido quien ha llevado el peso de las negociaciones con los sectores afectados (televisiones, radios, cine, fútbol, anunciantes, productores, sindicatos). "La vicepresidenta se ha remangado y negociado cada párrafo de la ley", dicen en su entorno. No ha conseguido, sin embargo, el anhelado consenso político. El PSOE ha sacado adelante el proyecto con el apoyo de CiU y Coalición Canaria; Al final el PP ha votado en contra, así como IU y ERC. PNV ha optado por la abstención.
La creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) es uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley, que traspone la directiva comunitaria sobre publicidad. Llegará con 15 años de retraso. En 1995, el Senado acordó con la unanimidad de todos los grupos su puesta en marcha. Una propuesta que cayó en saco roto pese a que los principales partidos (PP, PSOE y CiU) respaldaban su nacimiento.
El CEMA será un organismo independiente del Gobierno para supervisar el sector, gracias al cual España dejará de ser una anomalía en Europa. Junto a Luxemburgo, es el único país de la Unión Europea que carece de una institución destinada a velar por el cumplimento de las normas sobre los contenidos televisivos, la publicidad, los límites a la adquisición de derechos deportivos o las obligatorias inversiones en cine.
Esta autoridad se ha inspirado en el Consejo General de lo Audiovisual francés y estará adscrito al ministerio de la Presidencia. El Gobierno ha optado por un consejo independiente, rechazando otras fórmulas, como Ofcom, el regulador de la televisión británica que también tiene competencias sobre el sector de las telecomunicaciones. Este modelo convergente ha sido el defendido por el PP, que durante la tramitación de la ley proponía que el consejo audiovisual fuera una pata de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.
Otros grupos, como CiU, se han adherido a última hora al modelo que defendían los socialistas. CiU lo ha hecho más por pragmatismo que por convicción. Si se hubiese alineado con el PP se habría esfumado cualquier probabilidad de que la sede del nuevo organismo se fije en Barcelona, donde está emplazada la CNMT. También existía el riesgo de que el órgano regulador de las "telecos" abandonara Cataluña.
El CEMA tendrá competencia sobre las televisiones de cobertura estatal, aunque podrá suscribir convenios de colaboración con los consejos autonómicos. De momento sólo están operativos los de Cataluña, Navarra y Andalucía. Esperanza Aguirre suprimió el de Madrid tras el escándalo de la concesión de las televisiones locales en esa comunidad. En 2005, el Ejecutivo regional otorgó 30 emisoras a la Iglesia católica y a grupos afines del PP (La Cope, El Mundo, Intereconomía, Libertad Digital, Onda Cero).
Como autoridad supervisora, el CEMA regulará la actividad de "los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia" y velará por el pluralismo y la transparencia en el sector, especialmente de todos los aspectos relacionados con la protección al menor. Supervisará también la "independencia e imparcialidad" de RTVE. En el terreno deportivo se encargará de elaborar el catálogo de acontecimientos de interés general. Para cumplir estas funciones, los nueve miembros elegidos por el Congreso de los Diputados (con mayoría de tres quintos y por un periodo de seis años no renovable) tendrá poderosas armas a su alcance. Podrá imponer sanciones de hasta un millón de euros y, en casos flagrantes y reiterados, las televisiones o las radios podrán perder hasta la licencia.
Hoy, durante durante el Pleno del Congreso, el diputado del PP Miguel Ángel Cortés se ha mostrado radicalmente en contra de que un organismo administrativo (por el CEMA) pueda cerrar un medio de comunicación, "cuando eso sólo lo puede hacer un juez", y pueda hacer "censura ideológica".
Más protección a los menores y menos dinero para el cine
Menores. La Ley General de la Comunicación Audiovisual dedica una especial atención a los menores. El artículo 7 recoge sus derechos y prohíbe todos aquellos contenidos que puedan perjudicar su desarrollo "físico, mental o moral". Estos contenidos sólo se podrán emitir entre las 22.00 y las 6.00 e irán precedidos de un aviso acústico y visual. Los contenidos "pornográficos o de violencia gratuita" tendrán además, otro filtro: se difundirán en un sistema con control parental. Y aquellos sobre juegos de azar y apuestas estarán relegados a la madrugada (entre la 1.00 y las 5.00).
Publicidad. La ley limita la publicidad televisiva a 12 minutos por hora, permite 5 minutos de autopromoción (publicidad de la propia cadena) y tres de telepromociones (publicidad a cargo del presentador de un programa). Impide que en el horario protegido se incluyan anuncios que promuevan el culto al cuerpo o el esoterismo. Podrán aparecer marcas en las series (lo que técnicamente se llama emplazamiento de producto).
Cine y fútbol. Las televisiones podrán incluir las series dentro de la inversión obligatoria (el 5% de los ingresos anuales) en cine español y europeo. Para las cadenas públicas, el porcentaje será del 6%. Los contratos para la compra de derechos de fútbol no podrán exceder los cuatro años.
Cable y satélite. Las cadenas privadas en abierto deberán facilitar su señal a las plataformas de clave y satélite después de negociar una contraprestación económica. Las públicas lo harán gratis. Los operadores podrán establecer fusiones siempre y cuando no superen el 27% de la audiencia. Para preservar el pluralismo, habrá al menos tres grupos privados de televisión. Se podrán vender y arrendar licencias. Las concesiones serán por 15 años renovables. Se regula la televisión sin ánimo de lucro y la que se transmita en alta definición y en movilidad. Todos estarán obligados a preservar y conservar el archivo d imágenes y audio.
Radio. Se reconoce el concepto de cadena para las emisiones radiofónicas y se pone freno a la piratería. Para supervisar el sector se constituirá la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Industria elaborará un mapa de la radio para poner orden en el dial y cerrar las frecuencias que emiten de forma irregular, alrededor de 3.000, según los datos de las cadenas comerciales.
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