Pulso político por el control del Consejo Audiovisual

Los grupos políticos no se ponen de acuerdo sobre el control del futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), el organismo que se encargará de regular y supervisar el sector, velar por la transparencia y el pluralismo y garantizar la independencia de los medios públicos. El PSOE propone que sea una autoridad autónoma -cuyos miembros son elegidos por una mayoría cualificada en el Parlamento-, adscrita al Ministerio de la Presidencia, la que asuma ese papel.

Pero el PP y grupos minoritarios defienden otro modelo: el de un consejo convergente, que esté ligado a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT). "No es lógico la creación de un órgano como el Consejo Audiovisual, ya que esta labor la puede realizar la CNMT, que ya existe, y que no supondrá un importante gasto público, más si cabe, en estos tiempos de crisis", argumenta el senador Pedro Agramunt, encargado de defender las 50 enmiendas que el PP ha presentado en la Cámara alta.

Con esta fórmula, la CNMT tendría dos patas: una estaría encargada de la supervisión del sector audiovisual y la otra dedicada a vigilar la industria de las telecomunicaciones. Esta postura era respaldada por CiU -el principal apoyo del Ejecutivo para sacar adelante esta ley-, pero el portavoz de este grupo, Josep Antoni Durán, cambió de opinión en el Congreso y retiró la enmienda que apostaba por un Consejo Audiovisual ligado a la CNMT.

Ahora, los socialistas plantean en el Senado una enmienda en la que precisan las potestades del CEMA. Entre otras funciones, este organismo podrá dictar "instrucciones", que serán de carácter vinculante, o "recomendaciones", que no serán de obligado cumplimiento. Esta entidad podrá pedir a los operadores toda la documentación necesaria para comprobar que están cumpliendo con sus obligaciones. La información será confidencial "y no podrá ser utilizada para fines distintos a los previstos en la legislación audiovisual".

Además, el PSOE quiere que el personal dependiente del consejo tenga la condición de "autoridad pública". Eso les permitirá realizar inspecciones por su propia cuenta.

Los distintos grupos han presentado más de 400 enmiendas. Entre ellas, destacan las que reclaman que se refuerce la protección de los menores (en cuanto a contenidos y a espacios publicitarios) y las que abogan por blindar el carácter público de las televisiones autonómicas para evitar así las tentaciones privatizadoras de determinados Ejecutivos regionales.

CiU propone que se incremente el tiempo máximo permitido para la emisión de telepromociones (publicidad presentada por el conductor de un programa que se emite en directo) y pase de dos minutos por hora a tres, de manera que no superen los 36 minutos al día. También plantea que se prohíba la publicidad de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados durante la emisión de espacios infantiles.

En la línea de defensa de los menores, el PP aboga por obligar a todas las televisiones a utilizar una codificación digital para la clasificación por edades de manera que en los hogares se pueda ejercer el mejor control parental de los contenidos.