El Gobierno venezolano colaboró con ETA y las FARC, según el juez Velasco

La Audiencia Nacional tiene indicios de que hubo una "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA", especialmente por medio del etarra Arturo Cubillas Fontán, responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que en 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Así consta en el auto del juez Eloy Velasco, que ha procesado por tenencia de explosivos, colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas a seis presuntos miembros de ETA y siete de las FARC.

El magistrado ha remitido su resolución a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior españoles para que realicen gestiones ante las autoridades cubanas y, especialmente, ante las venezolanas, para que éstas cooperen y procedan a la extradición de algunos de los procesados, en especial Cubillas, "pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA".

ETA se comprometió a localizar objetivos terroristas para las FARC en España

Ayer mismo, el ministro Miguel Ángel Moratinos llamó a Chávez para pedir explicaciones sobre esta cuestión.

Cubillas, responsable del colectivo de ETA en Venezuela, participó de forma decisiva, según el auto, en la intensificación de contactos entre ETA y las FARC. Por un lado, varios miembros de ETA recibieron cursos de adiestramiento militar en campamentos de las FARC en la selva colombiana y, como contrapartida, ETA se comprometió a la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de los colombianos. Así, entre los citados objetivos figuraban el ex presidente colombiano Andrés Pastrana; la ex embajadora en España Noemí Sanín Posada; el ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus; el vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares colombianos contra los que iban a atentar durante su estancia en España. Más adelante, a la lista añadieron el periodista y ex guerrillero del Ejército Popular de Liberación ya fallecido Bernardo Gutiérrez; el senador Carlos Ardile e incluso en la última etapa, al propio presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Entre marzo y septiembre de 2000, el miembro de las FARC Victor Ramón Vargas Salazar, Chato, siguiendo instrucciones del dirigente de la organización terrorista Edgar Gustavo Navarro Morales, El Mocho, viajó a España en dos ocasiones para realizar vigilancias de la Embajada colombiana en Madrid y para controlar los itinerarios de Pastrana.

El auto del juez Eloy Velasco destaca que dos etarras, Ignacio Domínguez Achalandabaso, Txomin, y otro apodado Martín Capa, impartieron un cursillo terrorista en la selva venezolana, en una finca cercana a Guadalito, en el Estado de Apure. Fueron unos 20 días en jornadas de dos horas a 13 miembros de las FARC y a otros siete del FLB, todo bajo la dirección del comandante Pizarro, sobre técnicas avanzadas de manejo del explosivo C4, un plástico de mayor capacidad destructiva que la dinamita, pero de menor volumen, de fácil adquisición en Venezuela. Domínguez se encargó del adiestramiento de la iniciación de los explosivos por medio de teléfonos móviles.

El curso fue repetido a miembros del denominado Bloque Caribe de las FARC y al mismo, según la resolución del juez Velasco, "acudieron viajando por tierra vía Maracaibo, con el conocimiento y la compañía de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar, de Venezuela) y de un vehículo escolta con militares venezolanos". El curso fue gestionado y organizado por Arturo Cubillas, por parte de ETA, y Remedios García Albert, La Médica, miembro de la comisión de las FARC que despachaba con el comandante Luciano Martín Arango, Iván Márquez, y Omar Arturo Zabala, Lucas Gualdrón.

Los etarras Carlos, identificado como José María Zaldúa Corta, Aitona, y otro apodado Schumacher, cuya identidad no ha sido establecida todavía, también impartieron cursos a miembros de las FARC sobre la aplicación de técnicas de guerrilla urbana, uso de explosivos y la confección de artefactos activados por movimiento o mediante móviles.

En 2003, los cursos fueron impartidos por guerrilleros de las FARC a cuatro integrantes de ETA sobre fabricación y utilización de morteros tipo JOTAKE.

Gran parte de la información se ha obtenido de los documentos intervenidos al jefe de las FARC Raúl Reyes, muerto en enfrentamiento con el ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en un campamento en la frontera con Ecuador.

Los procesados, para los que se ha ordenado la prisión y busca y captura internacional, son: Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldúa Corta, por parte de ETA; y Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Víctor Ramón Vargas Salazar, Edgar Gustavo Navarro Morales, Luciano Martín Arango y Omar Arturo Zabala Padilla, por parte de las FARC. Remedios García Albert, que reside en España, ha sido citada a declarar el próximo 24 de marzo.