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Las consecuencias de la crisis | La respuesta del Ejecutivo

El Gobierno lanza un duro plan de ajuste al desbordarse el déficit y el paro

El desequilibrio fiscal alcanza el 11,4% del PIB - El recorte afectará a la inversión en infraestructuras - Rechazo sindical y de los partidos a la reforma de las pensiones

"El ajuste es ahora más necesario aún". La vicepresidenta económica, Elena Salgado, acababa de desgranar su plan de austeridad, con el que pretende ahorrar 50.000 millones hasta 2013. Y de aclarar que el Gobierno se mantiene firme en alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, pese al revuelo creado. La fecha de presentación del plan de austeridad y de la reforma de las pensiones llevaba semanas anunciada, en un indisimulado esfuerzo por apaciguar las dudas sobre las finanzas públicas españolas. Pero la realidad económica volvió a colarse de rondón y, de su mano, reapareció la incertidumbre. El déficit público se desmandó en el tramo final de 2009, para llegar al 11,4% del PIB. Sobre todo, porque la marea del desempleo subió otra vez para dejar 200.000 parados más. Y los precios crecen ya por encima de la media europea. Nada de esto estaba en las previsiones más recientes del Ejecutivo.

Los mercados se preguntan si el futuro de España no será como el presente de Grecia

Economía quiere dar confianza en que "hace lo que tiene que hacer"

El Ejecutivo aprobó la propuesta de las pensiones sin el ministro de Trabajo

El plan de austeridad que aprobó ayer el Consejo de Ministros es ambicioso. Por lo pronto, suma al recorte de gasto de 8.000 millones que ya preveía el Presupuesto de 2010, otros 5.000 millones de los que los ministerios no podrán disponer pese a estar presupuestados. Y el Gobierno asume buena parte de la responsabilidad del ajuste, con medidas de disminución del gasto en personal, funcionamiento, inversiones y transferencias que deberían elevar el ahorro hasta los 40.000 millones. El resto, correspondería a comunidades y ayuntamientos.

"El objetivo es reconducir el déficit al 3% del PIB en 2013", defendió Salgado. Es la exigencia de la UE y la frase mágica que esperan los mercados, a quienes también pareció dirigida otra afirmación de la vicepresidenta: "Queremos dar la confianza a los ciudadanos de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer".

El deterioro de la situación fiscal ha llevado al mercado a encarecer el coste de la deuda pública de varios países (Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España), a los que los inversores tradicionalmente enjuician con más severidad. Y en la retina del Ejecutivo pervive la penosa salida de la crisis de 1993, cuando el pago de los intereses de la deuda llegó a rondar el 6% del PIB, el triple que ahora.

Lo que quedó claro en la exposición de Salgado es que cada vez quedan menos vacas sagradas en el Presupuesto, ante la imperiosa necesidad de reducir gasto. "El recorte de gasto va a afectar prácticamente a todas las partidas y a todas las políticas", destacó. Del tijeretazo sólo salvó algunos programas sociales (las ayudas a la dependencia, el cheque-bebé, las becas de estudio), la cooperación internacional, la lucha antiterrorista y el gasto en innovación. Hasta la inversión en infraestructuas del transporte, uno de los puntales presupuestarios de los últimos años, se verá reducido. Además, aunque el Gobierno respetará el acuerdo salarial con los funcionarios (una subida del 0,3% hasta 2012), anunció que encogerá aún más la oferta de empleo público (sólo se repondrán el 10% de las plazas vacantes, frente al 30% acordado con los sindicatos).

Si el paro y el déficit público marcan los retos inmediatos, el futuro de las pensiones es otra de las cuestiones favoritas de organismos internacionales, inversores y analistas al analizar la economía española. Salgado defendió que la propuesta de alargar la edad de jubilación a los 67 años es una respuesta "al envejecimiento de la población". "En 1975, los mayores de 65 años cobraban pensión durante una media de cinco años, ahora son 15", dijo para ejemplificar los efectos de la mayor esperanza de vida en el gasto de pensiones. La vicepresidena confirmó que el Gobierno plantea que el retraso de la edad de jubilación comience a en 2013 y se establezca de forma gradual, a dos meses por año. Una fórmula que implicaría que la edad legal de jubilación llegaría a los 67 años en 2025. Y fue contundente al asegurar que el retraso de la edad de jubilación "es una propuesta que sale del Ministerio de Trabajo, y el Gobierno comparte", pese a que ese ministerio no había avalado esta idea de forma pública hasta ahora. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, amoldó su discurso al mensaje oficial y negó que haya cambiado de posición, informa Lluís Pellicer. Corbacho, que no presentó la reforma al asistir en Barcelona a una reunión de la UE -una coincidencia que el Gobierno optó por no evitar-, insistió en que "el debate empieza ahora" en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. "Vamos con el ánimo de lograr el mayor consenso posible", afirmó.

Salgado y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, machacaron el mensaje. "Nuestra intención es alcanzar un acuerdo cuanto antes", afirmó la ministra de Economía. "No contemplo ese escenario", dijo cuando se le preguntó por una posible falta de respaldo, habida cuenta de la oposición ya expresada por sindicatos y partidos políticos.

Los recelos no menguaron con la explicación del Gobierno. "La medida tendrá nuestro rechazo frontal", dijo el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. "No lo compartimos", abundó Cándido Méndez, líder de UGT. Y los dirigentes de ERC, CiU, PNV o IU, frecuentes aliados de los socialistas, también se opusieron. El líder del PP, Mariano Rajoy, sin embargo, eligió no entrar al trapo y prefirió hablar de los "inasumibles datos del paro". Sí opinó su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, quien acusó al Gobierno de "recortar derechos", sin precisar si se opone a alargar la edad de jubilación.

Entre las adhesiones a la idea del Gobierno destacan las de la patronal CEOE, el Banco de España y la Comisión Europea. "España necesita tomar medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Está bien lo que ha heco el Gobierno hoy", dijo en Davos el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, quien también ensalzó el plan de austeridad: "El recorte va incluso más allá de lo que pide la Comisión", informa Claudi Pérez.

El Gobierno enviará en unos días su previsión presupuestaria hasta 2013 a Bruselas. Será entonces cuando concrete la senda de reducción del déficit, de los que ayer sólo divulgó el principio (-11,4% del PIB en 2010) y el soñado final (-3% en 2013).

LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES

- El entonces ministro de Trabajo José Antonio Griñán firmó en septiembre de 1994 con los sindicatos la revalorización automática de las pensiones en función de la inflación. Aunque el acuerdo era sólo para esa legislatura, se ha mantenido.

- El Pacto de Toledo, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, aseguró en 1995 el sistema público de pensiones, que además proclamaba que el asunto debía excluirse del debate electoral. El documento establecía que debía haber mayor proporción entre cotización y pensión y la separación de la financiación de las pensiones contributivas de las no contributivas.

- En abril de 2001 el Gobierno del PP, Comisiones Obreras y la patronal CEOE acordaron una reforma por la que se mejoraron las pensiones mínimas y las de viudedad y orfandad, además de introducir mayor flexibilidad en la edad de jubilación de modo que se permitió adelantarla a todos los cotizantes y se establecieron incentivos en la cotización para retrasarla más allá de los 65 años. Asimismo se amplió de los 12 últimos años de cotización a 15 el periodo para el cálculo de la pensión.

- La última reforma, de 2007, dio derecho a pensión de viudedad a parejas no casadas con cinco años de convivencia, alargó a 15 años efectivos el mínimo de cotización de las contributivas y se mejoró la prestación a los que siguieran trabajando más allá de los 65 años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de enero de 2010

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