Un 'perdón' de 27 millones de euros

Eugenio Mora Olivella, ex presidente de Burberry en España y residente en Barcelona, ha ingresado a las arcas públicas más de 27 millones de euros por la venta de la compañía en 2000. Se trata de la mayor regularización fiscal que se ha producido nunca en España y ha venido acompañada del traslado de toda su fortuna desde Londres.

La elevada tributación se explica porque Mora está imputado por delito fiscal desde 2005 en la causa que abrió el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras descubrir un paraíso fiscal en Jersey auspiciado por BBVA-Privanza, filial de ese banco. Mora era desde la década de 1960 el presidente de Burberry Spain y tenía el 60% de las acciones. En el año 2000 los accionistas vendieron la totalidad de sus títulos a General Universal Stores, la matriz mundial, por 35.000 millones de pesetas, que quedaron en 30.000 después de detraer los gastos de la operación. Eugenio Mora ingresó en su patrimonio 18.000 millones de pesetas (más de 108 millones de euros) por la venta de su parte y el dinero pasó por el paraíso fiscal de Jersey antes de acabar en Londres, donde residía desde 1983 porque también trabajaba para la empresa matriz.

La tributación de la venta se produjo en esa capital, tras el asesoramiento del bufete Petrus, el despacho que registró el juez Garzón y que permitió que afloraran los detalles de la operación y que avanzaran las investigaciones judiciales que más tarde se desgajarían en la Operación Pretoria, de corrupción política. Mora no está imputado en ese caso, aunque sí invirtió en algunos proyectos urbanísticos realizados en el área metropolitana que investiga Garzón.

Tras iniciarse la investigación judicial, la Agencia Tributaria consideró que Eugenio Mora tenía "su centro personal de intereses" en España, cuestionó su residencia en Londres y le requirió para que tributara por el impuesto de la renta y del patrimonio. Su abogado penalista, Cristóbal Martell, y su asesor fiscal, Diego Artacho, presentaron entonces una liquidación. Hacienda no aceptó la cantidad propuesta y meses después llegaron a un acuerdo sobre la cifra final.Así, el pasado mes de julio, Mora depositó 27.165.154 euros en la cuenta de consignaciones del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Garzón. Esa cantidad incluye la deuda cuantificada por la Agencia Tributaria, más los intereses y las costas procesales en concepto de impuesto de la renta y del patrimonio por la venta de las acciones y de otros ingresos posteriores derivados de los rendimientos de aquella operación. En ese mismo proceso de regularización, Hacienda también exigió al empresario el pago de otras cantidades de varios ejercicios fiscales por conceptos que no eran tributos y que no podían ser delictivos al no alcanzar los 120.000 euros.

Cristóbal Martell, abogado defensor de Mora, considera que cuando se celebre el juicio por esta causa, se podría aplicar a su cliente la atenuante muy cualificada de reparación total del daño, porque ha abonado al fisco todo el dinero que defraudó. Esta actuación significa un reconocimiento total del delito fiscal y no tiene precedentes entre los grandes empresarios o banqueros que han sido condenados en España por delito fiscal o han estado imputados. La defensa considera que, en estas circunstacias, el fiscal podría solicitar para su cliente una pena que no superase los dos años de cárcel, lo que supondría que Mora eludirá su ingreso en prisión.