El Gobierno desbloquea la construcción del almacén nuclear

El Ejecutivo da un mes a los ayuntamientos interesados para que se postulen

El Consejo de Ministros aprobó ayer la construcción del almacén de residuos radiactivos, un proyecto paralizado desde 2006. El Ejecutivo estudió un informe del Ministerio de Industria sobre la necesidad de construir un único almacén, y ahora Industria enviará al Boletín Oficial del Estado la orden ministerial para pedir candidatos. Los pueblos que quieran acogerlo tendrán un mes para aprobar la candidatura. El Ejecutivo espera tener elegido un emplazamiento tres meses después.

Hasta ahora, cada nuclear guarda sus propios residuos, pero la vuelta de los de Vandellòs enviados a Francia -prevista para 2011-, el cierre de Garoña y la saturación de las piscinas obliga a buscar un emplazamiento. El Ejecutivo ha demorado la decisión durante años. En 2004, el Congreso instó por unanimidad al Gobierno a que construyera un único almacén.

Albergar los residuos implicará construir un parque industrial

El portavoz socialista en la materia, Francesc Vallès, calificó de "valiente" la decisión y afirmó que "solucionará de una vez por todas el problema de los residuos nucleares".

Aunque los alcaldes lo niegan, Industria y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) han mantenido contactos los últimos años con ediles interesados. Entre ellos se encuentran Yebra (del PP, en Guadalajara), Tivissa y Ascó (de CiU, en Tarragona) y Merindad de Cuesta Urria (del PP, en Burgos), todos pueblos pequeños con una nuclear cerca. El alcalde de Vandellòs (Tarragona) ha negado que vaya a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), aunque es la opción favorita si no hay resolución. Oficialmente, los requisitos no son demasiados y casi toda España podría acoger el ATC: debe estar en un lugar no sísmico, protegido, no inundable y se valorará que tenga tren. La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (Amac) ha afirmado que presentaría candidatos si Industria iniciaba el proceso y éste era democrático y transparente.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que hay un centenar de municipios que se han interesado por el tema, aunque fuentes conocedoras de la negociación afirman que 79 de ellos son los de la Amac, y que en el centenar de consultas hay hasta llamadas de periodistas al número que habilitó Industria. De la Vega anunció que "junto al ATC va a instalarse un parque tecnológico de unas 20 hectáreas".

El ATC y el centro tecnológico asociado supondrán una inversión de 700 millones de euros, un plazo de construcción de cinco años y 500 empleos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, auguró en septiembre que habría "bofetadas" entre los ayuntamientos. Con la crisis, es probable que surjan candidatos de áreas no nucleares, pero sin haber preparado a la opinión pública sus opciones se reducen.

El problema no serán tanto los ayuntamientos como las comunidades. Sólo la Junta de Castilla y León, del PP, no se opone a acogerlo, pero Merindad de Cuesta Urria está junto al País Vasco, lo que dificulta su elección. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, está absolutamente en contra, y la secretaria autonómica del PP, Dolores de Cospedal, anunció que no lo apoyará porque Guadalajara ya "ha sido suficientemente solidaria en materia nuclear".

La unanimidad del Congreso se diluye al bajar a las comarcas afectadas. El presidente catalán, José Montilla, ha sido informado por los alcaldes que quieren el ATC y lo ve con buenos ojos -él fue el ministro de Industria que comenzó el proceso de elección-. Sin embargo, ICV amenaza con romper el tripartito si el ATC va a Tarragona, y falta menos de un año para las elecciones catalanas. La construcción del ATC no frena que Enresa tenga que habilitar un almacén individual en Ascó, cuya piscina está a punto de saturarse, como las que ya tienen Trillo y la desmantelada Zorita, en Guadalajara.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, aseguró que el plan del Gobierno "va a fracasar como todos los anteriores". Castejón señaló que la selección de fechas busca minar la oposición ciudadana y prueba el nerviosismo del Gobierno.

Mayores seguros

Además de lanzar el Almacén Temporal Centralizado, el Consejo de Ministros aprobó la ley que endurece las condiciones de los seguros que deben suscribir las nucleares en caso de accidente, que pasa de 700 a 1.200 millones de euros, como adelantó EL PAÍS en julio. Se trata de la trasposición de una normativa europea que el Ejecutivo tenía lista desde hacía años pero que en el último momento se caía de las agendas de los sucesivos ministros. Como las aseguradoras se niegan a cubrir los 1.200 millones, la norma prevé que el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo del resto. Además, cada nuclear debe ser de un solo propietario, lo que obligará a las eléctricas a crear empresas para cada central, como actualmente tiene ya Garoña.

Por último, el Gobierno reformó al Ley de Energía Nuclear para que las nucleares que tengan más de 40 años -el periodo para el que fueron diseñadas- tengan que superar requisitos más exigentes en caso de prórroga, como una evaluación de impacto ambiental.

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