El 'botiguer' gana la batalla al híper

No fue necesaria la prórroga. Casi en el tiempo de descuento, ayer el Gobierno catalán aprobó el decreto ley de equipamientos comerciales, a tiempo para cumplir con los plazos requeridos por la Unión Europea para adaptarse a su directiva de servicios. Y el botiguer volvió a ganar el partido, aunque con reparos al texto que salió del Consell Executiu.

Sólo las poblaciones de más de 5.000 habitantes, y no las urbanizaciones, podrán tener medianas y grandes superficies comerciales. Y además los ayuntamientos ya no podrán decidir sobre los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados.

Con el decreto, la Generalitat evitó un vacío legal para cuando entre en vigor la directiva europea de servicios. A pesar de que la filosofía de la directiva Bolkenstein es de signo liberal respecto a las nuevas superficies, el Ejecutivo catalán se aferra a las excepciones "medioambientales y urbanísticas" de la directiva para restringir la apertura de grandes superficies fuera de las tramas urbanas consolidadas, es decir, la ciudad ya construida.

El Gobierno alega razones urbanísticas para restringir las grandes superficies

La tardanza se ha debido sobre todo a las discrepancias internas del Gobierno, en especial entre ERC y el PSC, explican fuentes cercanas a las negociaciones en el consejo técnico. Este órgano estaba integrado por el departamentos de Innovación, en manos de los republicanos, y los de Política Territorial y Economía, dirigidos por el PSC. Las consejerías quitan hierro a las diferencias.

La última disputa tuvo que ver con el coto que impone el decreto al poder municipal. La Generalitat, y no los ayuntamientos, tendrá ahora la potestad de dar las licencias comerciales a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados, cuando hasta ahora el Ejecutivo decidía sólo sobre los de más de 2.500 metros.

La decisión da satisfacción a lo que reclamaban los pequeños y medianos comercios, que creen que los municipios pueden sucumbir a la tentación de abrir la puerta a más ingresos a costa del pequeño comercio de la localidad o ceder a las presiones de los grandes operadores. Pero a la vez, según fuentes cercanas al Gobierno, chocaba con las demandas de los ayuntamientos -sobre todo los grandes, gobernados por el PSC-, que pedían margen para poder decidir sobre el comercio que demandaba su municipio.

Detrás de este pulso que ha ganado ERC estaba también la disputa por el voto del botiguer que los republicanos mantienen con CiU, el partido que tradicionalmente ha aprovechado ese granero.La lucha por portar la bandera del comercio quedó clara ya en 2005, cuando el consejero Josep Huguet salió en defensa de los tenderos tras un estudio encargado por Economía que relacionaba la diferencia de inflación que tenía Cataluña respecto a otras comunidades con la atomizada estructura comercial de la comunidad.

Ayer, CiU fue directamente a atacar a ERC y no al Gobierno tripartito. La federación nacionalista acusó a los republicaciones de haber "arrojado la toalla" y "someterse" al PSC "cargándose la ley de comercio" y promoviendo unas medidas que causarán "perjuicios irreparables al comercio".

La Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), que agrupa a pequeños y medianos tenderos, se lamentó de que el decreto abra la puerta a que las superficies de más de 1.300 metros cuadrados puedan implantarse en municipios de más de 5.000 habitantes. Hasta ahora sólo podían hacerlo en localidades de más de 10.000. Fuentes de la Generalitat recordaron que la autorización de estas superficies la dará el Ejecutivo catalán.

Las grandes superficies, agrupadas en Anged, opinan lo contrario. "El texto aprobado no supone la trasposición de la directiva de servicios de la Unión Europea", sostuvieron con rotundidad. A su juicio, el decreto es restrictivo para las grandes superficies, que llevan 12 años sin abrir un establecimiento en Cataluña.