El escollo de las políticas activas
El cómputo de las bonificaciones al empleo procedentes de la Seguridad Social ha sido siempre el punto crítico de la transferencia, bloqueada ahora por el PNV
Son ya más de dos décadas de atasco en torno al mismo asunto: cómo encajar en las políticas activas de empleo (las que desempeñaba el antiguo Inem) la parte correspondiente a la Seguridad Social para hacer posible el traspaso de esta competencia a Euskadi por el sistemade Cupo que marca el Concierto Económico. Aunque el actual bloqueo no se ha producido exactamente por esta causa, sino por el veto impuesto por el PNV en su acuerdo presupuestario con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en la base está esta vieja discusión, que hace que Euskadi sea la única comunidad autónoma que no dispone de la competencia.
El punto de choque que impidió en el pasado el acuerdo, y al que se agarra el PNV para justificar que haya impedido que esta importante transferencia llegue a Euskadi el 1 de enero porque la quiere "completa", está en una partida que se sitúa en torno a los 180 millones de euros. La diferencia entre valorar la competencia en unos 300 millones, sobre los que habría un principio de acuerdo entre los Gobiernos vasco y central, o en los 480 millones que han venido exigiendo sin éxito alguno los Ejecutivos del PNV, reside precisamente en computar o no en la fórmula de valoración de las políticas activas la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado a las bonificaciones a la contratación. Un concepto que contablemente se computa en el Ministerio de Trabajo, pero que se financia desde la Tesorería de la Seguridad Social, ya que supone la reducción de las cotizaciones sociales a las empresas que contratan a determinados trabajadores. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo fija que ese tipo de bonificaciones y subvenciones "forman parte del sistema de caja única de la Seguridad Social", cuyo mantenimiento constituye una línea roja para la descentralización autonómica.
El preacuerdo ronda los 300 millones de euros, sin las bonificaciones
El PNV no tiene prisa en en traspaso, mientras al Gobierno le urge
Así las cosas, la vía por la que se había acercado al acuerdo consistía, según las fuentes consultadas, en llegar a un punto intermedio, dejando fuera de la negociación las bonificaciones al empleo. Ambos gobiernos estudian varias propuestas para incrementar la valoración, apoyándose en recientes decretos de la Administración central que prevén ayudas para mejorar la eficacia y tecnificación de los servicios públicos de empleo. "Quizás por esa vía se podría redondearse al alza las cantidades", explican fuentes conocedoras del proceso.
La cuenta que hace cada uno para llegar a su valoración de la competencia es sencilla. Llegar a un consenso los es menos, sobre todo cuando una de las partes, el PNV, no tiene ninguna prisa, mientras que al Gobierno de Patxi López le urge. Unos y otros parten del proyecto de presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en el que figuran las cifras de partida. Éste tiene presupuestado un gasto en políticas activas para todo España de 7.750 millones de euros, que incluye 2.850 millones en bonificaciones al empleo.
Básicamente, el principio de acuerdo que se anunció en septiembre consistía en aparcar esa partida -sin renunciar finalmente a ella con una interpretación estricta del Estatuto de Gernika- y aplicar a la cifra resultante el coeficiente del 6,24% en el que la Ley de Cupo fija al peso de Euskadi en la economía española. De esa operación saldría una valoración de la competencia de 305 millones, aunque sea tras una ardua negociación, ya que no todos los conceptos de esa parte del presupuesto del servicio de empleo estatal serían transferibles.
El PNV, sin embargo, sigue sosteniendo que no hay nada que restar y que la fórmula del 6,24% hay que aplicarla al presupuesto íntegro, con las bonificaciones a la contratación imputables a la tesorería de la Seguridad Social, lo que daría 480 millones. Pese a que el PNV ya reconoce públicamente que "el debate sobre las políticas pasivas [cobro de las cotizaciones y pago de las pensiones y prestaciones por desempleo] está cerrado", no renuncia a las bonificaciones en materia de empleo, porque es la razón que fundamenta que Eusladi no tenga todavía las políticas activas.
Lanbide no cambia
La consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, va ganando la partida. De momento, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, el recipiente de la competencia de las políticas activas de empleo, será creado como un ente público de derecho privado, pese a que todos los partidos y sindicatos apuestan porque se constituya como un organismo autónomo, es decir con una mayor vinculación pública, y con presencia de un interventor y control presupuestario.
Así figura en una de las enmiendas adicionales del proyecto de Presupuestos para 2010, que la pasada semana superó el último trámite de las enmiendas parciales y será aprobado este miércoles con los votos del PSE y el PP y la abstención del PNV. Los populares ha aceptado al final que sea la futura ley de Empleo, cuya tramitación parlamentaria deberá esperar hasta el segundo semestre de 2011, la que defina forma jurídica de Lanbide, pero esa demora puede dificultar luego una vuelta atrás.
Si durante el tiempo que resta hasta la elaboración del proyecto de ley la consejería logra engrasar un mecanismo que funcione, garantiza un control público efectivo y convence al PP de que no hace falta iniciar un proceso de transformación que podría ralentizar su operativa, Zabaleta "tendrá argumentos conseguir que en el futuro Lanbide siga siendo un ente público", apunta un conocedor de las negociaciones.
Un ente con 575 almas
Aunque la transferencia no vaya a llegar el próximo primero de enero, todas las partes implicadas siguen trabajando a destajo para tenerlo preparado lo antes posible y resolver la mayoría de los problemas de integración y de funcionamiento que se pueden generar al fundir en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide plantillas procedentes de dos administraciones y tres entornos diferentes.
Los trabajadores del antiguo Inem, el Servicio Público Estatal de Empleo formarán el grueso principal del personal de Lanbide. De los casi mil que prestan sus servicios en Euskadi, unos 473, según las cifras todavía provisionales que se manejan, serán transferidos al nuevo servicio vasco de empleo, en el que el Departamento de Empleo quiere que se visualice el cambio de modelo. La consejera Gemma Zabaleta pretende que, además de todas los actividades relacionadas con el empleo, Lanbide gestione también las ayudas sociales y asistenciales.
De Egailan, el Inem paralelo que el Gobierno de Ibarretxe montó testimonialmente sin tener la competencia, se integrarán en el nuevo Lanbide un total de 72 personas, de las que 34 trabajan en los servicios centrales y el resto en la decena de oficinas que tiene repartidas en las tres provincias. Se incorporarán también una treintena de personas de la Dirección de Empleo y Formación (ver cuadro).
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