Un alto cargo de la Junta contradice al alcalde sobre su relato de Mercasevilla

Juan Gallo, el alto cargo de la Junta y ex director de la oficina de coordinación de la Consejería de Presidencia de la Junta, aclaró ayer ante la juez del caso Mercasevilla los pasos dados tras ser avisado por los dos empresarios del grupo La Raza de que la cúpula de la empresa municipal exigió supuestamente comisiones ilegales. Y en esas puntualizaciones contradijo al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, respecto a las fechas en las que el regidor conoció la grabación que desencadenó el escándalo.

Gallo afirmó ayer que durante la primera semana del pasado febrero le comunicó la existencia de una grabación con el intento de cobro de comisiones por parte de los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce. Pero Monteseirín comunicó por escrito a la Policía Judicial que el 4 de febrero Gallo sólo le informó de que "se habían realizado comentarios de gravedad cierta, en conversaciones mantenidas con empresarios de hostelería, respecto de cómo se realizaba el proceso de adjudicación de subvenciones de la Junta". A continuación, añadió que una semana más tarde, el 12 de febrero, le hizo saber que "tenía la certeza de que se han producido dichos comentarios, pues dispone de una cinta grabada". Fue entonces cuando Monteseirín propuso el cese de ambos directivos. Una semana antes el alcalde había suspendido el Consejo de Administración de la empresa previsto para el 6 de febrero, según él porque quería "corroborar la información recibida".

La juez cierra la investigación por las comisiones ilegales a dos empresarios

Tras esta discrepancia de fechas, Gallo especificó ayer a la juez que informó a Monteseirín porque Mercasevilla es "una empresa municipalizada y por lealtad institucional". El alto cargo de la Junta aclaró que cuando le comunicó el escándalo, el regidor no le hizo "ningún comentario". "No hablamos de las personas que intervienen en las conversaciones, sólo le comenté que eran directivos de Mercasevilla pero no le comenté nombres ni el alcalde me lo preguntó", declaró.

Al respecto, la portavoz del Gobierno municipal, Maribel Montaño, declaró a Europa Press que la comparecencia de Gallo "no contradice" el relato del alcalde. Para Montaño, tanto Gallo como Monteseirín "coinciden" al señalar que no fue hasta el 4 de febrero cuando el alto cargo comunicó al alcalde "las irregularidades" descubiertas. Montaño defendió que cuando Gallo informó a Monteseirín la primera vez, lo hizo en torno a "indicios" que debían ser "corroborados" por la propia Junta "revisando" la grabación aportada por los empresarios. Montaño estimó que cuando Gallo se refiere a la existencia de una grabación sobre comisiones ilegales, el alcalde lo interpretó como "un indicio".

El PP, que ejerce la acusación particular, había pedido que Gallo explicase por qué tardó 16 días en notificar los hechos al viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Ayer Gallo precisó que nada más hablar con el Gabinete Jurídico llamó al Viceconsejero por teléfono y le explicó lo sucedido, si bien no llegó a entregarle el cd con las conversaciones hasta la segunda quincena de febrero. Gallo aclaró a la juez cómo los empresarios habían sido avisados para que "olvidaran" en una reunión un maletín con el dinero, una denuncia que le pareció "verosímil", aunque le dejó claro que eso no era una práctica de la Junta.

Mientras, la juez Mercedes Alaya, informó a las partes de que ha concluido la investigación sobre las comisiones ilegales. En esta primera parte del escándalo están imputados los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, la directora de proyectos Regla Pereira y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. El próximo 23 de diciembre se celebrará la vista prevista en la Ley del Jurado para concretar las imputaciones contra los acusados.