El blindaje del Concierto queda listo para la votación en el Congreso

Con los únicos votos en contra del PP, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen de reforma de las tres leyes orgánicas, cuya modificación permitirá blindar las normas forales de contenido fiscal frente a los recursos judiciales de las comunidades autónomas limítrofes. La reforma se votará en el próximo pleno del Congreso, previsiblemente del 17 de diciembre.

El dictamen que se someterá a votación incluye las enmiendas pactadas por el grupo socialista y el grupo del PNV en el Congreso dentro del acuerdo que negociaron para los Presupuestos del Estado. Con ellas se pretende que las normas fiscales de las diputaciones forales sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional y por los mismos agentes que pueden impugnar las leyes de las comunidades autónomas. Para ello ordena la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El portavoz adjunto del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, celebró ayer el resultado de este "larguísimo proceso", porque, según dijo, soluciona "la situación de desventaja jurídica que teníamos" y supone dar "seguridad jurídica a la sociedad vasca y a sus agentes económicos".

División en el PP

El secretario general del PP en Euskadi, Iñaki Oyarzábal, se mostró ayer convencido de que su partido nacional no llevará al Tribunal Constitucional la reforma para el blindaje del Concierto Económico, como presionan a Mariano Rajoy algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares. También explicó que, "sea cual sea" el voto de los populares en el congreso, "los diputados y senadores del PP vasco en ningún caso se posicionarán en contra", al igual que hicieron en la votación en la que se admitió a trámite en el Congreso la iniciativa del Parlamento vasco para elevar la protección jurídica de las normas forales.

Sin embargo, la posición final de Rajoy no impedirá que el Gobierno de La Rioja recurra la reforma legal ante el Tribunal Constitucional, como ya ha anunciado su presidente, el popular Pedro Sanz, que ha encargado ya a un prestigioso jurista que prepare la impugnación.