El litigio por las 'vacaciones' fiscales se cerrará con gastos millonarios

El procedimiento judicial abierto hace más de una década por las denominadas vacaciones fiscales va a resolverse con una factura muy gravosa para las haciendas forales, sobre todo en el frente europeo. Sin estar cerrado aún el litigio que éstas mantienen con la Comisión Europea por las ayudas que concedieron en los años 90 a las empresas, el alcance de los gastos contraídos durante este proceso judicial es ya millonario, y podría encarecerse si el recurso de casación que interpuesto las diputaciones contra el último fallo del Tribunal de Justicia europeo es desestimado, como auguran fuentes jurídicas consultadas. El pago de los honorarios de los letrados, la posible condena de las costas judiciales o los viajes realizados a Bruselas y Luxemburgo por las haciendas han elevado el desembolso muy por encima de las previsiones realizadas.

Cada diputación ha abonado 320.000 euros por la minuta de sus letrados

Sólo en abogados, las diputaciones han abonado ya una cifra que ronda el millón de euros. Las tres instituciones, a propuesta de Vizcaya, acordaron en 2002 asumir de forma coordinada la contratación de la dirección letrada para la defensa de sus intereses ante la Comisión, que en 2001 declaró nulas las llamadas vacaciones fiscales de 1993, las minivacaciones y el crédito fiscal del 45% de las inversiones de las empresas de 1996.

En una respuesta por escrito a una solicitud formulada por el grupo Alternatiba de las Juntas Generales de Guipúzcoa, el Departamento de Hacienda de este territorio asegura que la previsión de los gastos en honorarios letrados por este procedimiento judicial asciende a 320.000 euros. Esta cantidad es idéntica en el resto de las diputaciones, de acuerdo con el reparto proporcional que acordaron al contratar a los abogados.

Los 320.000 euros de la minuta figuran en el informe que el Tribunal de Cuentas del País Vasco ha realizado este año a la Diputación guipuzcoana tras examinar el ejercicio de 2007, año en el que se devengaron dichos gastos. La administración foral acordó abonar la factura atendiendo "al verdadero interés del asunto" y "después de negociar su reducción". El Tribunal de Cuentas hace constar que el gasto total autorizado "se desconoce", dado que en el momento de cerrar la auditoría "el profesional sigue desempeñando sus funciones". El coste de los letrados no queda ahí desde el momento en que las tres diputaciones han anunciado que van a recurrir en casación las sentencias del Tribunal de Luxemburgo que ratificaba la ilegalidad de los incentivos fiscales.

Este tribunal ha condenado a las diputaciones a pagar las costas de todo el proceso, cuya cuantía está aún por determinar, aunque se estima que tendrá un importe muy elevado. Además, por la misma sentencia, deberán asumir el abono de las costas en que hayan incurrido durante el proceso tanto la Comisión Europea como el Gobierno de la Rioja. Guipúzcoa sostiene que esta cuestión "queda diferida a la resolución del recurso de casación".

Pero los quebraderos de cabeza de los incentivos no termina ahí. En un dictamen conocido el pasado viernes, Bruselas amenaza con multas millonarias si en el plazo de dos meses no Álava y Guipúzcoa no recuperan la totalidad de las ayudas ilegales. Los representantes de ambas haciendas, que aseguraron haber reintegrado todas las ayudas, han sido citados por el Gobierno central para abordar esta cuestión.