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Los grupos prevén acotar la objeción de conciencia

La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios fue otro de los temas debatidos en la reunión del martes entre la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el diputado de IU Gaspar Llamazares y la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón. El Gobierno y los grupos parlamentarios están intentando resolver de una vez a través de esta ley un problema enquistado desde hace 24 años: la casi total privatización de la práctica médica de los abortos.

El PSOE se mostró de acuerdo en aceptar la enmienda coincidente de la izquierda y del PNV para que se regule la objeción de conciencia de los sanitarios. Por un lado, en la ley del aborto se recogerían tres puntos: que la negativa de los médicos a practicar abortos tenga que ser individual, nunca de un centro médico o de un servicio; que la objeción afecte sólo a los profesionales que intervienen directamente en el aborto; y que la prestación deba facilitarse dentro de un área determinada para evitar que una mujer tenga que atravesar el país para abortar. Por otro lado, se incluiría también en la enmienda el compromiso de presentar el próximo año una norma reguladora de la objeción de conciencia del personal sanitario.

Cifras impensables

La sanidad pública únicamente efectúa en sus centros el 2% de las interrupciones voluntarias de embarazos y sólo financia el 28% (según datos de 2007 ofrecidos a este diario por las comunidades), y de forma muy desigual en función de la comunidad autónoma de que se trate. Son cifras impensables en el resto de Europa.

Cuando se pregunta a los médicos, muchos aseguran que no tendrían problemas en practicar abortos, pero que hay una inercia que lleva a no hacerlos. Sucede en el Hospital La Paz (Madrid), por ejemplo. El centro, que tiene un enorme servicio de maternidad, es "objetor desde que se aprobó la ley", según indica la portavoz del centro. Es decir, en 1985 se preguntó a los profesionales y todos decidieron que no iban a practicar interrupciones del embarazo. Esta objeción general es, precisamente, lo que va a prohibir la nueva ley.

Durante estos 24 años se han producido situaciones esperpénticas. La Paz envió a abortar a una mujer a una clínica privada después de una amniocentesis fallida que le hizo perder líquido amniótico. En Galicia, el celador de un hospital se negó a llevar en camilla a una mujer que acababa de abortar. Decía que era objetor, y la matrona tuvo que trasladar a la paciente por su cuenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de noviembre de 2009