Seis semanas con la nave bloqueada

Aguilar y Salas responde a la perfección al arquetipo de pequeño grupo industrial catalán de capital familiar (35 millones de facturación y 140 empleados), tan poco amigo de cuantificar cualquier beneficio como aversión siente a las fotos. La empresa, en tercera generación, lidia con los igualmente típicos dilemas que plantea la feroz y barata competencia que ataca desde Asia y el Este de Europa con una no menos frecuente solución: el diseño, la gestión de compras y la fabricación de equipos de mayor valor añadido deben quedarse en Cataluña, pero la producción puede seguir aumentando y debe hacerlo en lugares más competitivos por su proximidad y su mano de obra valiosa y menos costosa. Así fue como, hace tres años, Aguilar y Salas aterrizó en un polígono industrial de Casablanca. Y allí asegura que quiere quedarse, pese a que, desde hace un tiempo, vive, en palabras de su director gerente, Manuel Salas, "una situación surrealista" que le hace sentir "en total indefensión".

Aguilar y Salas vuelve a fabricar en Cataluña equipos ya hechos en Casablanca

Por diferencias con el socio marroquí con el que se alió en su momento, y que cuenta con un 45% del capital de la filial marroquí de Aguilar y Salas, Manuel Salas y su hermana Victòria, responsable de los recursos humanos, se lamentan de que el taller de producción que arrendaron en régimen de leasing permanece bloqueado por pesada maquinaria del socio local, Emteyco.

"Los trabajadores (una docena) merodean por la nave, a la que siguen acudiendo cada día porque quieren cobrar a final de mes, pero ni hay electricidad ni los camiones pueden entrar o salir, no pueden trabajar", describen la situación ambos hermanos. El colmo del absurdo es la producción por duplicado de equipos ya fabricados que se ha visto forzada a realizar en su planta de Les Franqueses del Vallès.

"Los equipos ya están fabricados, pero no podemos sacarlos del taller de Casablanca y los clientes nos presionan", explican. El coste del episodio ronda, añade, "el millón de euros o más". Los Salas creen que Mohamed Lambrini, el socio marroquí, les presiona para que abandonen el taller (para quedárselo su empresa) y busquen otro mayor en otro lugar.

El único motivo por el que los empresarios acceden a contar su historia, que en Marruecos ha derivado en un conflicto judicial que recomienda prudencia, es éste: "No somos un caso aislado. Otros empresarios españoles nos han comentado que han sufrido problemas similares", asegura. Pero no pueden hablar por otros con nombres y apellidos. La Embajada española en Marruecos no entra en el tema, pero sí conoce y sigue de cerca el caso de Aguilar y Salas desde que, a finales de octubre, tras lograr irrumpir en la nave al día siguiente de haberlo hecho acompañado por gendarmes para realizar un inventario de activos, el gerente y los trabajadores fueran encerrados dentro por espacio de algunas horas.

"Cuando supimos lo que ocurría, hicimos todas las gestiones posibles. Nuestro papel no era enviar a funcionarios al lugar, sino que fuera la gendarmería y garantizar la seguridad de los empresarios", explica Carlos de Lojendio, cónsul de España en Casablanca.

Una vez que aparecieron los gendarmes -"¡primero nos querían hacer salir por la ventana de nuestra nave!", exclama, enfadado, Salas-, ni él ni el director de la planta querían salir hasta que no se garantizara que no les ocurriría nada a los trabajadores marroquíes. La agencia oficial marroquí consideró "falsa" la información de que Salas y sus trabajadores hubieran permanecido encerrados por su socio marroquí, tras la denuncia de los hechos realizada por la patronal catalana del metal UPM, reproducida por distintos periódicos.

"Al día siguiente del incidente fui a ver al prefecto. Estaba al tanto del tema, que consideraba una disputa industrial por el control de las instalaciones", relata De Lojendio, para quien "la seguridad y protección del industrial están garantizados".

Salas agradece "sinceramente" la actuación de las autoridades españolas, a las que pide, sin embargo, que "acompañen más" a los empresarios que invierten en el exterior una vez que ya han puesto su pica en el país de destino. Y también que cualquier disputa "no se resuelva a través de los tribunales normales marroquíes". Pero el problema de fondo subsiste. Las diferencias mercantiles y jurídicas las tendrá que dirimir un juez. Pero, mientras, el taller no fabrica y permanece bloqueado. Lleva así "cerca de seis semanas". Salas insiste: "No somos los únicos en esta situación".