Asistencia sin fin a precio cero
El Informe Fedea-McKinsey repite lo que desde hace años es bien conocido: el Sistema Nacional de Salud, tal como está, es financieramente insostenible. Casi todos los servicios sanitarios autonómicos exceden, año tras año, sus presupuestos ocultamente (facturas en los cajones) y, más pronto o más tarde, en cuanto el momento político es propicio, afloran el déficit acumulado y lo endosan al Estado. Es una pauta antigua: en las dos últimas décadas, con distintos métodos de financiación, han sido frecuentes, si no periódicas, las operaciones de saneamiento del sistema. Encerrado por los políticos en la irrealidad, el sistema está comprometido en derecho a proveer asistencia sin fin: dar todo o casi todo a todos en toda ocasión, a precio cero en el momento del servicio, como si los textos legales o la solidaridad social o los fines humanitarios de la Medicina hubieran mágicamente liberado a la sanidad pública de la escasez natural. Presidido por esta ficción, el derecho de los españoles al libre acceso de asistencia sanitaria queda peligrosamente sostenido por el endeudamiento permanente.
Sin duda es indispensable y hasta apremiante reformar la sanidad pública y el informe propone para ello cuatro medidas sensatas, aunque no exentas de efectos secundarios o de práctica difícil, que pretenden moderar la demanda y mejorar la gestión. Pero parece que son de casi imposible introducción social y política, y, desde luego, son insuficientes para mejorar un sistema ya erosionado por múltiples y graves deficiencias: la equidad está hendida por la desigualdad en las prestaciones de los servicios de salud autonómicos; la solidaridad ha desaparecido en la desunión de dichos servicios; las listas de espera son falseadas por los políticos a su conveniencia; los datos reales de actividad y coste sanitarios se esconden o retrasan por las autonomías, de forma que cualquier análisis estadístico es imposible; un torpe igualitarismo y los bajos salarios desaniman el esfuerzo y el mérito y fomentan la mediocridad del personal sanitario; no hay afán alguno por la calidad clínica, ni siquiera se intenta medirla; las altas instituciones del sistema son un artificio: el Consejo Interterritorial carece de capacidad para coordinar y menos cohesionar los servicios autonómicos y el Ministerio de Sanidad está casi vacío de competencias; en fin, la atención al enfermo, razón de ser de la sanidad pública, es apresurada y rutinaria en medicina general, inoportuna (con largas esperas) en gran parte de la asistencia especializada, azarosa en urgencias (en manos de médicos en formación) y siempre masificada y de práctica dudosa, no evaluada.
Reestablecer la sanidad pública y liberarla de su mal uso político requiere un cambio amplio y real. Muy difícil.
Enrique Costas Lombardía es economista.
