Montilla lanza un plan anticorrupción para paliar el desgaste del 'caso Pretoria'

El Gobierno tripartito ha asumido que la corrupción y sus consecuencias estarán en la agenda política durante lo que queda de legislatura. Y ayer, 15 días después del estallido del caso Pretoria, se decidió a salir a la ofensiva para frenar el desencanto que comienza a cundir en sus filas. El presidente Montilla y sus socios de Esquerra e Iniciativa decidieron llevar a la reunión del Gobierno de hoy un paquete de medidas anticorrupción que, cuando se concreten, deberán dar más transparencia a los procesos administrativos de la obra pública y ejercer más control sobre las fundaciones.

La principal medida pactada por los tres socios del Gobierno (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa) hace referencia a las recalificaciones urbanísticas. El Departamento de Política Territorial recibirá hoy el encargo de modificar la legislación para garantizar que los ayuntamientos que autoricen recalificaciones se queden también con parte de los beneficios económicos para que éstos no caigan sólo en manos de los promotores.

También se reforzará la transparencia de estos procesos dando mayor visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos para que quede constancia de quién se está beneficiando de las recalificaciones. Además habrá un registro público de convenios urbanísticos, una figura legal a la que los ayuntamientos han recurrido masivamente para hacer cambios de usos en los terrenos.

Donativos a fundaciones

El caso de corrupción que el juez Garzón investiga en Santa Coloma de Gramenet tiene su origen precisamente en un plan urbanístico del municipio con sucesivos cambios de uso que generaron unas plusvalías de hasta nueve millones de euros. Actualmente, aunque los propietarios de los terrenos deben costear los gastos de urbanización -construir viales e instalaciones- y ceder parte de la edificabilidad a la Administración -una parte a equipamientos y hasta un 30% del techo a vivienda pública-, el beneficio fruto de las recalificaciones recae en los propietarios. Es obvio, por ejemplo, que el valor de un solar se multiplica si en lugar de un polideportivo puede levantarse en él un edificio de pisos o un centro comercial.

Las medidas del Gobierno catalán afectarán a las fundaciones para evitar casos como la donación de 630.000 euros de la Fundación Orfeó Català, presidida por Fèlix Millet, a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència. Así, se reformará la ley del protectorado de fundaciones para que las entidades que reciban fondos públicos no puedan desviarlos a terceros.

Las medidas se decidieron ayer durante un almuerzo del presidente de la Generalitat con el presidente de ERC, Joan Puigcercós, y el consejero de Interior y líder de Iniciativa, Joan Saura. En el encuentro también estuvieron presentes los jefes de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno: Miquel Iceta, del PSC, y Jaume Bosch, de ICV. El grupo de ERC estuvo representado por Puigcercós.

Todos apostaron por que las medidas acordadas ayer comiencen a reflejarse ya a principios del próximo año. Otras, como la nueva ley de la Sindicatura de Cuentas y la ley de protectorados de fundaciones, seguirán la vía parlamentaria, pero con el compromiso de aprobación esta legislatura.Antes de la reunión con sus socios de Gobierno, José Montilla presidió una comisión ejecutiva del Partit dels Socialistes en la que no se detectaron avances para que Santa Coloma de Gramenet conozca a su nuevo alcalde cuando se cumplen 15 días de la detención de Bartomeu Muñoz. En una reunión con mucho debate sobre las medidas de transparencia que quiere adoptar el PSC para recuperar la confianza de los ciudadanos, Montilla pidió a los suyos que se pongan a trabajar para superar el trance actual. Montilla dijo que el próximo alcalde de Sant Coloma debe tener perspectivas "de futuro", que pueda presentarse con garantías a las elecciones municipales de 2011.

Las palabras de Montilla toman especial relevancia cuando en Santa Coloma se están acentuando las críticas al PSC por no haber decidido todavía quién debe sustituir a Muñoz. La dirección del PSC tiene prácticamente descartado que Joan Carles Mas, el veterano alcalde accidental, de Santa Coloma se mantenga al frente de la alcaldía. Pero está por saber si Antoni Fogué, el preferido por Montilla, y que aparece en todas las quinielas como futuro alcalde aceptará el reto de devolver la credibilidad y el buen nombre al Ayuntamiento. Varios dirigentes del PSC admiten que Fogué, que se ha puesto a disposición del partido, está mostrando resistencia a aceptar el cargo. Esta indecisión estaría demorando el proceso, según varias fuentes, pero la versión oficial del PSC es que no se elige nuevo alcalde porque Muñoz todavía no ha renunciado formalmente al cargo.

Concejales más jóvenes como Raúl Moreno y Carmen Moraira también están en la lista de nombres que se barajan en caso que Fogué continúe resistiéndose a aceptar el cargo.