Duran, Esquerra e Iniciativa cuestionan la legitimidad de los negocios de Felip Puig
El 'número dos' ahorra impuestos al cobrar de CDC a través de su empresa
Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència, suscitó ayer las críticas unánimes del arco político catalán, incluido su socio de federación, Unió Democràtica, a propósito de su actividad privada. El diputado fundó en 2007 la empresa de asesoría de obras y medio ambiente FPG Enginyeria, Estratègies, Gestió i Desenvolupament, por la que facturó 93.343 euros y de la que obtuvo 8.632 euros de beneficios, según publicó ayer Abc.
Tras denunciar la semana pasada que Anna Hernández, esposa de José Montilla, acumula una quincena de cargos, Puig ha acabado sufriendo el efecto bumerán de sus críticas. A la noticia que trascendió ayer se suma la de que desempeñó 41 cargos cuando era consejero de Política Territorial. "El señor Puig, legalmente -la legalidad no siempre es legitimidad-, tiene toda la posibilidad de dedicarse a otros negocios", dijo Josep Antoni Duran Lleida, presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica, en RAC 1. El Parlament aseguró que Puig cumplió su deber de comunicar su segunda actividad y fuentes próximas al convergente precisaron que su empresa no se dedica al urbanismo y que nunca ha trabajado para la Administración. Las mismas fuentes precisaron que la mayor parte de los ingresos de esta empresa provienen de Convergència. El partido compensa a Puig con estos ingresos por haber perdido la condición de portavoz en el Parlament, y ello le permite ahorrar impuestos.
Ignasi Llorente, de ERC, dijo que Puig "sufre las consecuencias de haber ido muy fuerte en el cuerpo a cuerpo electoral". Aunque no incurra en incompatibilidades, Llorente le reprocha "que estas cuestiones no ayudan a que la ciudadanía tenga buena imagen de los políticos". Laia Ortiz, portavoz de ICV, tachó de "poco ético que una persona que está legislando asesore al sector privado". El portavoz del PSC, Miquel Iceta, comentó: "La mayor parte de los diputados no nos dedicamos a la intermediación urbanística".
Los ingresos de Anna Hernández ascendieron en 2008 a 94.300 euros, como diputada en la Diputación de Barcelona, más 33.300 euros en dietas por asistir a algunos de los organismos de los que forma parte.
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