Economía prevé suprimir organismos públicos para atajar el elevado déficit
Los ministerios y las empresas estatales deberán aprobar planes de austeridad
Al cinturón de la Administración del Estado le van a faltar agujeros. El proyecto de Presupuestos de 2010 es sólo "el punto de partida" de "la estrategia de consolidación fiscal" que se plasmará en "medidas muy severas". Así se refleja en el plan económico-financiero de reequilibrio 2010-2012, que el Gobierno acaba de enviar al Congreso de los Diputados, y que es todo un aviso de lo que aguarda a ministerios y empresas públicas. El mayor déficit público de la democracia obliga. Y el Ministerio de Economía baraja incluso "la posibilidad de suprimir organismos".
El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es extenso en el capítulo de advertencias pero corto en propuestas concretas. Por eso mismo, es revelador que Economía considere entre las medidas que "deben mencionarse" la eliminación de organismos públicos, dentro de "reorganizaciones administrativas que supongan una reducción del gasto real". Aunque no va tan lejos como la proposición de ley del PNV, respaldada por la mayoría del Congreso hace poco más de una semana, que aboga por la supresión de dos ministerios y una vicepresidencia.
En 2010 el Gobierno sólo cubrirá el 15% de los empleos públicos vacantes
Buena parte del Presupuesto estatal suele estar condicionado por el propio funcionamiento de la Administración central y las transferencias a comunidades y ayuntamientos. Además, algunos mecanismos que se han disparado con la recesión (las prestaciones por desempleo, los intereses de la deuda pública, las ayudas temporales contra la crisis) hipotecan una porción creciente del gasto público. Y el nivel de recaudación de impuestos, que se ha desplomado, tardará en recuperarse. Así que no queda otra que "reconsiderar año a año todas las actuaciones de los departamentos ministeriales, de forma que se puedan obtener márgenes fiscales para financiar los incrementos de actuaciones prioritarias".
Cada ministerio deberá aprobar un plan de austeridad, "en el cual deberán cuantificarse los ahorros que se produzcan en los gastos de funcionamiento". Economía extiende esa obligación "a las entidades del sector público empresarial". Cada centro de decisión administrativo deberá además revisar "qué líneas de actuación pueden suspenderse o aplazarse a ejercicios futuros".
El departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, prevé también mantener una "oferta de empleo pública restrictiva" hasta 2012. El Gobierno ya ha anticipado que el próximo año sólo repondrá el 15% de los puestos que queden vacíos. Y ha pactado con los sindicatos limitar la subida salarial de los funcionarios (2,3 millones de trabajadores, 575.000 en la Administración central) al 0,3% en 2010 y al nivel de la inflación prevista en 2011, con la garantía de compensar la pérdida de poder adquisitivo a partir de 2012.
Economía quiere insistir en la negociación con los sindicatos para "pactar políticas de recursos humanos en la Administración General del Estado que conduzcan a una mayor eficiencia". Más concreto es su empeño por incorporar "incentivos de productividad" (hacer depender una parte del sueldo del cumplimiento de objetivos) en la retribución de los funcionarios; una posibilidad que recoge el Estatuto del Empleado Público, pero que se ha empleado poco.
Es la primera vez que el Gobierno se ve obligado a enviar al Congreso un plan de reequilibrio, en cumplimiento de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de 2007. Lo hace, además por doble motivo: las cuentas del Estado de 2008 acabaron en déficit (equivalente al 2,8% del PIB), cuando se había presupuestado superávit. Y las de 2009 ya se aprobaron, de partida, con déficit (-1,5%) que el propio Gobierno eleva ahora al -8,1%.
La idea, a imagen y semejanza de lo que se hace en la UE cuando un país supera un déficit público del 3%, es plasmar "las políticas de ingresos y gastos que sea preciso aplicar para corregir dicha situación en el plazo máximo de tres ejercicios presupuestarios". Pero el plan remitido al Congreso, que no incorpora novedades sobre las previsiones de junio (ver gráfico) es mucho menos detallado que los documentos que se suelen enviar a Bruselas. Sobre todo del lado de los ingresos. Aquí sólo se constata la subida de impuestos (IVA, tributación del ahorro) que se pondrá en marcha en 2010. Y que "se procederá a revisar el esquema de beneficios fiscales", un camino que ya se ha iniciado con la retirada de la deducción de los 400 euros en el IRPF y el anuncio de que se eliminará la desgravación por compra de vivienda en 2011.
Grandes diferencias con Bruselas
La Comisión Europea advirtió esta semana que las previsiones de recaudación que hace el Gobierno para anticipar un déficit del 9,5% del PIB este año y un 8,1% en 2010 pueden ser demasiado generosas. Bruselas cree que se elevará hasta el 11% este año y se quedará en el 10% el próximo. Pese a las medidas de contención del gasto esbozadas, el plan del Gobierno se queda muy corto para explicar cómo pretende rebajar el déficit hasta el 3% antes de 2012. Un objetivo, marcado por el Pacto de Estabilidad de la UE, que se fía en buena parte a una recuperación más vigorosa de lo que pronostican la Comisión Europea o el FMI para España.
Economía calcula que del 8,1% del déficit que vaticina para 2010, una cuarta parte se debe a los mecanismos compensatorios que activa la recesión, como el pago de prestaciones por desempleo, que desaparecería cuando la economía vuelva a crear puestos de trabajo. Hay otro 0,5% que corresponde a medidas temporales anticrisis, como el fondo extraordinario de inversión municipal (que en 2010 baja de 8.000 a 5.000 millones). Son los estímulos fiscales, ampliamente usados por el Gobierno en 2009 (pesaron más del 2,2% del PIB), para sostener la actividad. Economía dice que los está quitando "de forma gradual", siguiendo lo que se aprobó en la última cumbre del G-20. Pero los números cuentan que, más bien, se retiran a la carrera.
El resto del saldo negativo es más difícil de solventar, aun si la recuperación es tan vigorosa como el Gobierno pronostica. Casi un tercio corresponde ya a la carga de los intereses de la deuda pública, una partida que no bajará en este periodo. Y el 3% restante corresponde a lo que Economía asume como déficit estructural: el gasto público generado en los últimos años sobre la base de unos ingresos (derivados en buena parte del boom inmobiliario) que no volverán. En esa clave, las medidas del plan remitido al Congreso serían la avanzadilla de una "política fiscal activa que permita eliminar el déficit estructural en el medio plazo". En otras palabras, decisiones drásticas e impopulares.
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