Las juntas arbitrales buscan un pacto para desterrar casos como el de Rover

Las administraciones públicas no quieren que se repita el caso Rover. Las juntas arbitrales del Concierto Económico vasco, del Convenio navarro y la Central de Régimen Común, es decir, los órganos que dilucidan extrajudicialmente los conflictos entre las haciendas, tampoco. Todos creen que el espectáculo y la incertidumbre que han seguido a la decisión de la Junta Arbitral del Concierto, que falló a favor de la Diputación alavesa en el litigio sobre quién debía cobrar el IVA de sobre los coches MG Rover importados del Reino Unido y distribuidos en el resto de España desde una plataforma logística de Álava, debe ser el punto de inflexión de una nueva forma de proceder. La Administración central recurrió la resolución al Supremo y todavía está pendiente que aquélla entregue cautelarmente a la Diputación los 450 millones de euros discutidos, como pactó el PNV con el PSOE en la negociación de los Presupuestos del Estado.

Los representantes de las tres juntas arbitrales que operan en España están trabajando en comisiones para lograr un acuerdo que defina todos los aspectos de la ejecución de las resoluciones y evitar de esa manera que la falta de reglamentación genere situaciones como la de Rover. En la primera reunión, que se celebró el jueves en Vitoria, estuvieron presentes representantes de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, de los gobiernos vasco y navarro y de las tres diputaciones, además de destacados miembros de las juntas arbitrales.

El principio a salvaguardar, señalan participantes en la jornada, es el de la estabilidad económica. Y aunque el procedimiento por el que se rigen no puede evitar que una administración recurra sus decisiones al Supremo, como ha ocurrido con el caso Rover, al menos sí quieren cerrar un acuerdo para que la ejecución de las resoluciones aclare el destino de los fondos en litigio mientras no hay sentencia.

"Una de las vías es que el dinero asociado a una reclamación vaya a la Administración a la que la Junta Arbitral favorece con su resolución", asegura un participante en la reunión. "En caso de recurso judicial, hay que analizar la custodia del dinero, pero parece lógico que corresponda a quien se atribuye la razón", indica. Los participantes en la reunión aceptaron darle carácter anual y poner en común los acuerdos que se vayan fraguando en las comisiones creadas para resolver los problemas que se están detectando en el funcionamiento de las juntas. En el caso Rover, la Diputación de alavesa y el Ministerio de Economía están a punto de cerrar un acuerdo para que esos 450 millones lleguen a Álava lo antes posible.