La receta electrónica avanza hacia su implantación en 2011

El proyecto de receta electrónica, que nació en 2005 como una experiencia piloto, recibió ayer un impulso del Consejo de Gobierno para culminar su implantación en todo el territorio de la comunidad autónoma en 2011. Sanidad financiará con 1,2 millones de euros el despliegue parcial de la receta electrónica en el periodo 2009-2010, que incluye la creación de una oficina técnica que realice un control y seguimiento del proyecto.

En la actualidad, 143 oficinas de farmacia de 11 municipios de las tres provincias desarrollan el proyecto y el objetivo es que en 2011 esté implantado en las 700 farmacias que operan en la comunidad.

La receta electrónica contribuye a mejorar la calidad de la prescripción médica y la seguridad de los pacientes. El procedimiento se basa en que el médico realiza la prescripción en el ordenador de su consulta, conectado al sistema de historia clínica informatizada, denominado Osabide, que identifica al profesional y a su paciente. Esta información se remite a la base central de datos, donde se le adjudica un número de prescripción único que identifica la receta y toda la información. El usuario acude a la farmacia y presenta su tarjeta sanitaria electrónica, que cuenta con un chip donde se almacena la información y la receta que le han prescrito. El farmacéutico identifica al paciente, valida los datos y entrega el medicamento.

En la actualidad, 143 farmacias de las 700 de la comunidad desarrollan el plan

Este sistema elimina los posibles errores de interpretación de la receta escrita. Y permite ofrecer al usuario información en su farmacia sobre posibles incompatibilidades e interacciones de la medicación que le ha recetado el médico con otra que esté tomando, ya que el profesional farmacéutico podrá acceder a su historial y visualizarlo con su ordenador.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó una partida de 28 millones de euros, procedentes del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, para financiar programas de formación continua de los trabajadores y delegados de prevención en riesgos laborales.

Además, Educación destinará otros 26,5 millones para apoyar las actividades de grupos de investigación dentro del sistema universitario de la comunidad autónoma.