El coste de la deuda pública y del paro deja sin margen de maniobra al Gobierno

Con un año de retraso, la crisis impone su ley sobre los Presupuestos. El desplome de la recaudación obliga a repensar los gastos. Y el Ministerio de Economía lo ha hecho mirando de reojo al coste de la deuda pública y del desempleo: dos partidas que elevan el dinero cautivo en 2010 y amenazan con desequilibrar las cuentas durante años. Ante la disyuntiva, el Gobierno sube impuestos y acelera la retirada del plan anticrisis para encauzar el déficit en lo que queda de legislatura.

- De partida, un fiasco. La oposición hincó el diente en el flanco más expuesto del Gobierno. Las cuentas de 2009 han resultado ser el mayor fiasco presupuestario de la democracia. Economía cree que la recaudación fiscal quedará 45.000 millones por debajo de lo previsto. Y el gasto se ha desbordado en 35.000 millones. La diferencia con las previsiones de organismos internacionales es esta vez menor, pero aún hay dudas: los aumentos de recaudación en IRPF (7% más que este año) y en IVA (23%) pueden pecar de optimistas. Y el gasto en prestaciones por desempleo (31.000 millones), quedarse corto.

- Manos atadas. El margen de actuación de cualquier Gobierno en los presupuestos es limitado. Cuando la crisis arrecia, encoge aún más: el paro multiplica el gasto en prestaciones, el endeudamiento dispara el coste de los intereses. Si a eso se le suma el nuevo sistema de financiación autonómica, ese margen queda reducido esta vez a apenas un tercio (60.000 millones) de los 185.000 millones de gasto no financiero del Estado para 2010.

- El plan 'anticrisis' adelgaza. El aumento de la recaudación fiscal depende, casi en exclusiva, de la subida de impuestos que propone el Gobierno, criticada a derecha e izquierda. A los reproches, Salgado opuso que la reforma es imprescindible para compensar los ingresos fiscales del boom inmobiliario, "que no volverán". Y también buceó en el pasado - "España ha aportado el mayor impulso fiscal de la zona euro en 2009"- para justificar que el Gobierno respetaba "el equilibrio entre la necesidad de mantener una parte del estímulo fiscal y la de reducir progresivamente el desequilibrio presupuestario". El presente dice otra cosa: los estímulos fiscales pasarán de superar los 20.000 millones a rondar los 5.000 millones en 2010.

- Cambio de rumbo. El recorte del gasto en infraestructuras (-2,4%) y en I+D (-3,1%) pone sordina la apuesta del Gobierno por cambiar el modelo de productivo. Salgado replicó que la Ley de Economía Sostenible incluirá 1.000 millones más en incentivos fiscales y bonificaciones de créditos, pero los científicos insisten en que se garantice el gasto directo.