Frío, niebla, recelo

El envío al Congreso del proyecto de Presupuestos Generales para 2010 ha despertado en la opinión pública la atención que siempre debe merecer un acontecimiento situado en los orígenes históricos del Parlamento. La crisis económica y la elevación de la presión fiscal anunciada por el Gobierno se hallan reflejadas en esta edición de las cuentas anuales del Estado; sus contenidos afectarán a los trabajadores sin empleo (en torno al 18% de la población activa) o en vísperas de perderlo, a los empresarios amenazados por el cierre de sus negocios y a los contribuyentes más castigados por una subida de impuestos que alcanzará en cualquier caso a toda la población a través del IVA. El calendario obligado de elecciones en la legislatura -las catalanas de otoño de 2010, las municipales de mayo de 2011, las legislativas de 2012- estará condicionado poderosamente por la incertidumbre económica.

El Gobierno aprueba el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y lo envía al Congreso

Sobre ese trasfondo social y esas perspectivas políticas, los partidos han puesto en marcha sus estrategias para el debate presupuestario del último trimestre: defensiva, en el caso de los socialistas; belicosa, por el lado del PP; calculadora, para aquellos grupos parlamentarios que podrían reforzar la mayoría relativa de los 169 diputados socialistas a cambio de contraprestaciones materiales o simbólicas. Los candidatos para esas operaciones de trueque son grupos nacionalistas o regionales centrados en reivindicaciones territoriales: PNV (6 escaños), ERC (3), CC (2) y UPN (1). Por esa razón, sería demasiado precipitado analizar el proyecto de las cuentas del Estado elaborado por el Gobierno como si fuesen definitivas: la subasta de apoyos y las negociaciones entre actores modificarán probablemente algunas partidas.

Los mensajes contradictorios lanzados por diferentes portavoces del Gobierno y de su partido sobre el sentido último del proyecto presupuestario y de la subida impositiva han sembrado la confusión entre los ciudadanos, con independencia de sus preferencias ideológicas y políticas. El aumento de la presión fiscal y la disminución del gasto de inversión pública significarían una reducción de la demanda agregada disponible, lo que implicaría un mayor enfriamiento de la economía (y un mayor porcentaje de desempleo) y el incumplimiento del llamamiento de Pittsburgh -suscrito por el propio Zapatero- a favor del mantenimiento de los estímulos.

Mientras el presidente del Gobierno invocó el egoísmo de los poderosos (la exorbitante pensión vitalicia garantizada al consejero delegado del BBVA viene en su ayuda) para justificar la subida de impuestos, la vicepresidenta Salgado reconoció la obviedad de que el peso principal de esa carga seguirá recayendo sobre las capas medias. Y mientras el PP acusa a Zapatero de disfrazarse del nuevo Robin Hood que despoja de su dinero a los ricos para dárselo a los pobres, los recelosos pobladores del bosque de Sherwood tratan de adivinar en medio de una densa niebla retórica el futuro que les aguarda.