Más que dudas

Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentados ayer en el Congreso por la vicepresidenta Elena Salgado presentan, además de la anunciada subida de impuestos que procurará una recaudación adicional de más de 11.500 millones, un esqueleto del gasto volcado definitivamente hacia la protección social, dirigida a prestar apoyo a los colectivos afectados por la crisis. Nada menos que el 51,6% del gasto consignado se destinará a estas políticas, con especial atención a las prestaciones por desempleo (30.600 millones, el 58% más que en 2009). El aumento del gasto social se hace compatible con un recorte del gasto público del 3,9%, razón por la cual la vicepresidenta definió los Presupuestos como "austeros". El balance final prevé un déficit del 5,4% del PIB.

Esa proyección de déficit no es muy verosímil. En parte porque el presupuesto de ingresos es muy voluntarista (prevé un aumento del 21%). Es probable que este año el déficit supere el 10% del PIB (hay quien teme que se deslice hasta el 12%), y para creer en una reducción de más de cinco puntos habría que suponer que, además de una subida razonable de los ingresos, se corregirán algunos de los desequilibrios económicos que aumentan el gasto, con el desempleo en cabeza. No hay razones para suponer que tales mejoras se producirán. Es cierto que en la contención del déficit se juega el Gobierno buena parte de la credibilidad ante los mercados y que el peso del servicio de la deuda no debe convertirse en un lastre más de la recuperación económica prevista a partir de 2011. Pero también es cierto que la deuda de España es de las más bajas de entre los países desarrollados y que ahí había cierto margen de recorrido.

No obstante, donde el presupuesto muestra todas las incoherencias de la actual política económica es en la incapacidad de conjugar el gasto social, irreprochable y defendible desde cualquier punto de vista, con las políticas activas para combatir la recesión de la economía. El gasto público se reduce, pero, por desgracia, lo hace bajando la inversión pública (la inversión real cae casi el 10%), y la inversión en Investigación y Desarrollo, la famosa I+D+i, desciende más del 3%. Era casi un axioma del Gobierno que el recorte necesario del gasto no iba a afectar a la inversión productiva ni a la investigación en tecnología, porque son los ejes sobre los que iba a pivotar el cambio de patrón económico. La débil defensa del Gobierno se apoya en que habrá más inversión pública financiada con deuda; pero incluso así, uno de los pilares de la recuperación apenas logra alcanzar los recursos dispuestos en 2009.

Así pues, el presupuesto apenas contiene medidas indiscutibles; una, la supresión de los 400 euros de devolución fiscal, aunque su eliminación contradice la recomendación del G-20 de mantener las medidas de estímulo hasta que se recupere el empleo. Pero sí refleja con precisión dos fracasos graves de la política económica. El primero es la incapacidad administrativa para reducir el fraude fiscal. Según la estimación más prudente, la economía sumergida en España equivale al 20% del PIB y no sería descabellado aspirar a que cada año se obtengan unos 15.000 millones por la persecución de dicho fraude.

El segundo fracaso es que el Gobierno no ha sido capaz de aprovechar la oportunidad de la recesión para reformar la estructura del gasto público en profundidad. El recorte del gasto en el presupuesto de 2010 es cosmético y hace más daño a la inversión que al gasto corriente. Aunque Salgado asegure que estos Presupuestos "sientan las bases de la recuperación económica", lo cierto es que apenas garantizan un discurrir mediocre de la economía durante 2010. Y hay más que dudas razonables sobre si no suponen una preocupante marcha atrás en las expectativas de cambiar el patrón de crecimiento.