Vía libre a la reforma que reconoce el aborto como derecho

El Gobierno dio ayer luz verde a su reforma de la ley del aborto, configurado por primera vez como un derecho, más allá de la mera despenalización actual.

El proyecto inicia su andadura parlamentaria. Las posiciones ante el cambio está fijadas. La mayoría de los grupos parlamentarios -salvo el popular-, aunque no estén de acuerdo con aspectos del proyecto, coinciden en que hay que modificar una norma de 1985 que ha provocado evidentes problemas tanto a las mujeres que abortan como a los médicos. No hay seguridad jurídica en España en estos momentos en relación con el aborto, y la legislación es muy distinta a la del resto de Europa.

El PP sostiene que la reforma es innecesaria e inconstitucional. La portavoz del grupo partamentario, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que se trata de una modificación "contraria al sentir de la inmensa mayoría de mujeres y padres". Pero durante estos meses, los populares no han explicado bien su posición. Mientras la mayoría de los partidos coincide en que son necesarias reglas claras -cualesquiera que sean- y los sectores más conservadores piden que se prohíba, el PP se ha quedado en tierra de nadie. Apoyan la manifestación en contra del aborto del próximo 17 de octubre, pero no oficialmente, y su presidente, Mariano Rajoy, ha anunciado que no acudirá. Dicen que la ley actual es suficiente y piden que se aplique de forma restrictiva para evitar abusos, pero ellos no ejercieron ningún tipo de control durante los ocho años que gobernaron.

De la Vega asegura que la reforma se ajusta a la realidad social española

Sáenz de Santamaría se refirió a uno de los puntos más polémicos de la reforma, el que permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin informar a sus padres. Con esta medida, el Gobierno equipara el aborto con el resto de prestaciones sanitarias. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 (aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar) establecía la mayoría de edad sanitaria en los 16 años salvo en tres supuestos: los ensayos clínicos, la reproducción asistida y el aborto. Esta última es la que ahora pasaría al régimen general.

El Consejo de Estado había recomendado al Gobierno que dejara la decisión en manos de las mujeres, pero que se informara a los padres salvo en caso de "grave conflicto" -aunque no explica cómo se regularía esta excepción-. El Ejecutivo ha preferido mantener su texto tal y como estaba y, en todo caso, modificar este punto en el trámite parlamentario. Sáenz de Santamaría dijo ayer que los populares estaban "sorprendidos" ante la negativa del Gobierno de rectificar y opinó que la reforma permite que los menores no estén "acompañados y asesorados" en un momento tan traumático como el aborto.

Las españolas, si se aprueba el proyecto de ley, podrán decidir libremente abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo. Podrán también interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si su vida o salud corren un grave riesgo o si el feto sufre malformaciones graves. Después de estos plazos, sólo se podrá abortar si el feto sufre anomalías incompatibles con la vida o extremadamanete graves e incurables. Se han eliminado las penas de cárcel para las mujeres que aborten fuera de los supuestos previstos.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo del proyecto que es una ley "sensata y ajustada a derecho que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual, se ajusta a nuestra realidad social y sintoniza más con las legislaciones europeas".

La Plataforma Mujeres ante el Congreso, que celebró ayer en Madrid una concentración a favor del derecho al aborto, y la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción del Embarazo (ACAI) -las clínicas privadas llevan a cabo el 97% de los abortos en España- se mostraron en general satisfechas con la reforma.