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Feministas y clínicas de aborto piden que se regule la objeción

Mónica Ceberio Belaza

Ni unos ni otros dudan de la necesidad de reformar la normativa actual sobre el aborto, pero tanto la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) como la plataforma Mujeres ante el Congreso -que agrupa a más de 80 asociaciones feministas- piden que se cambien algunos puntos de proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Entre otras cosas, solicitan al Parlamento que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario para que la práctica del aborto quede garantizada en la red sanitaria pública. En estos momentos, el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas y hay grandes diferencias entre las comunidades. Mientras que Andalucía financia más de 70% -a través de conciertos con clínicas-, la mayoría paga entre el 3% y el 12%.

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La objeción de conciencia no está regulada, y la Constitución sólo se refiere a ella en el ámbito del extinto servicio militar obligatorio. El proyecto de ley del aborto no hace referencia a esta cuestión, que el Ejecutivo ha dejado para la Ley de Libertad Religiosa que prepara. Pero no es seguro que la objeción quede recogida en esta norma.

Feministas y clínicas, que aplauden que por primera vez en España el aborto pase a ser un derecho, cuestionan el plazo de 14 semanas, "conservador y alejado de las legislaciones más progresistas". Piden también que no se quede en 22 semanas el límite para los casos de grave riesgo para la salud de la madre (supuesto que ahora no tiene plazo) y que se elimine el periodo de reflexión de tres días que se dará a las mujeres para que decidan si quieren abortar después de haber recibido información sobre las ayudas a la maternidad que concede el Estado.

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Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza
Reportera y coordinadora de proyectos especiales. Ex directora adjunta de EL PAÍS. Especializada en temas sociales, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por 'En la calle, una historia de desahucios' y del Ministerio de Igualdad en 2009 por la serie sobre trata ‘La esclavitud invisible’.

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