El pacto improbable

La comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno para analizar la situación de la economía dejó ayer clara la distancia que separa al Ejecutivo del principal partido de la oposición en materia de política económica. Zapatero presentó su pretensión de subir "moderadamente" los impuestos, un 1,5% del PIB, para contribuir a cerrar la enorme brecha que se está abriendo en las finanzas públicas y se encontró con el rechazo frontal del PP. Mariano Rajoy le ofreció un pacto político para reducir el gasto público, pero a condición de renunciar a cualquier subida de impuestos: Zapatero dijo no.

Una lectura política de lo ocurrido ayer en el Congreso concluiría que una parte de la izquierda parece dispuesta a pactar la subida de impuestos (que no es tan moderada como proclama Zapatero) con el Gobierno, que CiU se aleja de las posiciones económicas del Ejecutivo y que el PNV mostró su buena disposición a pactar los Presupuestos. Eso y que todos los grupos políticos acusan al Gobierno de practicar una política económica improvisada, algo en lo que no les falta razón. El problema de fondo que explica las dificultades para articular una política coherente y continuada contra la crisis es que hay muy pocas posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el PP. Rajoy acierta al proponer un pacto para racionalizar el gasto público (es decir, para decidir de dónde se recorta y para legitimar la medida ante la opinión pública) y ordenar las finanzas del Estado; pero yerra al poner condiciones previas (que no se suban los impuestos).

El PP sabe que el desmesurado coste de la crisis puede llevar a las finanzas del Estado a una situación insostenible, con déficit superiores al 8% o el 10% del PIB; ningún programa de reducción del gasto es suficiente para tapar ese agujero. La subida de impuestos puede ser obligada, siempre que se acierte en el momento adecuado para que no obstaculice la recuperación. Y eso, decidir cuándo, cómo, dónde y cuánto, también debería formar parte de ese pacto entre ambos partidos, y no ser excluido a priori de él, que es lo que hizo ayer Rajoy.

Tampoco Zapatero ofreció otra cosa que un discurso genérico y de optimismo voluntarista. De la subida fiscal que propone sólo se sabe que no afectará a las rentas del trabajo y los pactos sobre educación y energía que reclama son tierra incógnita. Por fin ha aceptado que, aunque la economía toque fondo -algo que todavía no ha sucedido-, ello no es sinónimo de recuperación y mucho menos de creación de empleo; y que el mercado laboral español sufrirá elevadas tasas de paro durante varios trimestres. Pero la economía española no se va a recuperar al mismo tiempo que las de Francia o Alemania. Y Zapatero sigue sin distinguir bien entre una política económica anticrisis y las decisiones encaminadas a cambiar el patrón de crecimiento. Tienen tiempos distintos de maduración.

La economía española necesita con urgencia un plan financiero público que elimine los estímulos económicos que no funcionan, decida otros que sí mejorarán la actividad y el empleo a corto plazo, y determine qué impuestos hay que subir y qué gastos recortar para cumplir con los compromisos de déficit a medio plazo. Lo necesita desde hace tiempo y el presidente no ha querido o no ha sabido organizarlo, porque prefiere su estilo habitual de pactos ocasionales y de ir tirando. Tiene la coartada perfecta. Las diferencias ideológicas en la Cámara dificultan un pacto global. Es cierto; aunque no debería ser así. Si hay un problema que requiera el acuerdo entre los dos grandes partidos es conciliar tres objetivos esenciales: gasto en protección social, inversión para estimular la recuperación y control del déficit. La culpa es de ambos líderes. Pero quien gobierna es Zapatero. Suya es la responsabilidad de cómo van las cosas.