El diálogo social como estrategia y sus riesgos

El Gobierno de Zapatero ha situado entre sus líneas estratégicas la potenciación del diálogo social, una forma de hacer política que parte de la convicción de que en una sociedad democrática y para determinadas materias las decisiones que adopte el Gobierno tienen más eficacia si son compartidas por quienes tienen que asumirlas y aplicarlas, ampliando así a las organizaciones sindicales y patronales un poder y una responsabilidad inicialmente exclusiva del Gobierno. La experiencia de la legislatura anterior, con más de 20 acuerdos, la necesidad de generar confianza en la crisis económica y la convicción de que sindicatos y empresarios compartirían un diagnóstico común, llevaron al Gobierno socialista a seguir defendiendo esta estrategia.

La CEOE mantuvo una negociación errática y cambiante, con un ojo puesto en el PP y sus intereses

Pero una política que requiere el acuerdo entre patronal y sindicatos tenía un riesgo, que una de las partes ideologice al máximo su posición radicalizando sus propuestas y planteando como exigencia inexcusable un programa de máximos, pensando que el Gobierno acabará cediendo ante su necesidad de resultados. Una posición de este tipo, que elude la búsqueda de espacios comunes de entendimiento, hace imposible cualquier acuerdo.

Los meses anteriores la derecha económica venía difundiendo una ecuación muy simple: la salida de la crisis exige reformas estructurales, la reforma clave es la laboral y ésta consiste en abaratar el despido. Este pensamiento dominante dejaba en el olvido las causas de la crisis y su nula relación con el mercado de trabajo, incluso su petición de un "paréntesis" en la economía de mercado. Como se temía, la representación patronal no ha tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo que no fuera la aceptación pura y simple de su "programa máximo", terminando en ruptura la actual fase de diálogo social.

La CEOE ha puesto sobre la mesa al menos dos cuestiones inasumibles para los sindicatos y para el propio Gobierno. Primero, la modificación del modelo de contratación, a través de lo que pomposamente ha llamado "contrato para el siglo XXI". Se trata sin tapujos de un contrato que hace precarios a todos los trabajadores durante los dos primeros años, incluso con peor condición que los actuales precarios, y que impone un despido mucho más barato, un despido sin causa que siempre sería procedente y sin posibilidad alguna de control judicial.

Conscientes de que tal propuesta tiene en contra a la inmensa mayoría de la sociedad, dirigentes de la CEOE vienen declarando que no pretenden abaratar el despido ni menos aún ir a un despido libre. Pero sus palabras quedan desmentidas por el documento enviado al Congreso de Diputados. Con este planteamiento la CEOE culpabiliza de la crisis al modelo actual de relaciones laborales, igual que hicieron Gobiernos anteriores cuando en 1994 y 2002, en crisis menos importantes pero con conflictos sociales semejantes, impusieron duras reformas laborales contra los sindicatos, afirmando que con ellas se terminaría la utilización del empleo como elemento de ajuste del ciclo económico, lo que evidentemente no ha ocurrido.

Si recordamos que también proponen eliminar la autorización administrativa en los EREs, la conclusión es que la CEOE quiere aprovechar esta crisis no sólo para recuperar los beneficios empresariales reduciendo costes laborales, sino para incrementar el poder de dominación del empresario y disminuir los derechos de los trabajadores, poniendo en cuestión el sistema de relaciones laborales que rige desde hace más de 30 años y que posibilitó el notable crecimiento económico y del empleo entre 1995 y 2007.

El segundo elemento también inaceptable es la propuesta de disminuir cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, un recorte de más de 17.000 millones de euros anuales, incrementando así los beneficios empresariales, pero poniendo en grave riesgo el sistema de pensiones. Por primera vez la CEOE rompe con el compromiso de sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, que hasta ahora había apoyado tanto en el acuerdo inicial del Pacto de Toledo en 1995, como en su revisión en 2003 con un Gobierno del PP. No plantean una subida paralela de la fiscalidad, ni siquiera del IVA, propuestas que rechaza expresamente, sino, entre otras ocurrencias, sacar a muchos pensionistas futuros, como las viudas, del sistema contributivo, enviándolas al asistencial.

Pero además la CEOE ha mantenido una negociación errática y cambiante, con un ojo puesto en los dirigentes del PP y en sus intereses. El mismo día en que estaba convocada la Mesa para relanzar el diálogo social tuvo lugar una reunión entre Díaz Ferrán y Mariano Rajoy, a resultas de la cual los negociadores de la CEOE aparecieron en la Mesa con un papel escrito a mano replanteando de nuevo sus propuestas, quizás porque al PP no le interesaba un acuerdo que reforzara al Gobierno, quizás porque la patronal recibiera el compromiso de la derecha política de que si algún día ganaba las elecciones apoyaría el abaratamiento del despido, optando la CEOE por no llegar a un acuerdo con este Gobierno.

Ante la actitud y posiciones de la patronal, ha sido el propio Zapatero el que declaró inasumibles sus propuestas, optando por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, coherente con un discurso de izquierdas y con los compromisos programáticos del PSOE.

Manuel de la Rocha Rubí es diputado socialista por Madrid.