La paz social se rompe en Nissan

La autorización del expediente de regulación de empleo (ERE) de Nissan encendió ayer los ánimos de los trabajadores de la planta de la Zona Franca de Barcelona. No sólo porque 698 personas se quedan en la calle, sino también por la forma en que éstas se enteraron de que están en la lista de afectados. La relación de los obreros de los que prescindirá el fabricante de vehículos, además, desató las acusaciones entre sindicatos. CGT denunció que es el sindicato más perjudicado y señaló a CC OO y UGT por haber firmado el plan industrial. La tensión desembocó incluso en alguna agresión.

Pero las fricciones no sólo fueron entre sindicatos. ICV criticó ayer la decisión del Departamento de Trabajo, encabezado por Mar Serna, de dar luz verde al despido de 698 empleados, de los cuales 150 podrán volver si en 2012 hay trabajo suficiente. Tras conocer esa resolución del miércoles, Nissan llamó de inmediato a cada uno de los afectados. La empresa, según un portavoz de Nissan, les comunicó que no debían volver a su puesto de trabajo y les informó de la existencia de una oficina para tramitar el despido, las indemnizaciones y un horario para recoger sus cosas.

ICV critica a Trabajo por haber aceptado los 698 despidos CGT acusa a UGT y CC OO de haber facilitado el ERE a la empresa

Al día siguiente, sin embargo, muchos de los afectados por el ERE acudieron a la fábrica. Algunos, unos 60, porque no fueron localizados por la empresa y se enteraron de que habían perdido su empleo cuando vieron que la tarjeta magnética para acceder al recinto estaba desactivada. Nissan sostiene que casi todos los afectados por el ERE lo sabían: "A nadie le venía de nuevo. Muchos ya estaban avisados y por comunicaciones internas sabían que esta semana iba a salir la resolución de Trabajo. Llamamos a todos cuantos pudimos y les informamos de que les mandaríamos un burofax porque ya era tarde para hacerlo".

Además de los que iban a trabajar y de los que no se pudo localizar, a la puerta de la factoría acudieron otros para protestar por la decisión de la Administración. En total, había unas 300 personas. Allí se encontraron afiliados y miembros del comité de empresa de los cuatro sindicatos con representación en la firma. Los de CGT y USOC, según explicaron los propios sindicatos, arremetieron contra los de CC OO y UGT. La principal queja era la composición de la lista. Según fuentes de la CGT, el sindicato se ha quedado sin el 80% de sus afiliados. USOC también denunció que las listas no son equilibradas.

"El malestar era lógico. Unos acababan de enterarse de que habían sido despedidos y otros llevaban el enfado del día anterior. Acababan de saber que perdían el trabajo. Y cargaron contra los de CC OO y UGT", explicó el representante sindical de USOC, Pedro Ayllón.

Según dos de los presentes, se produjo alguna agresión, aunque enseguida fueron otros compañeros de trabajo a separarlos. Luego un grupo de empleados derribó una valla y entró en el recinto de la fábrica, donde permaneció más de una hora. Todo se quedó ahí. Más tarde, muchos de los despedidos se dirigieron hacia la Inspección de Trabajo en una manifestación espontánea, no fue convocada por los sindicatos, durante la cual se cortó la avenida del Paral·lel.

Tanto los sindicatos CC OO y UGT como la empresa negaron rotundamente que haya ninguna lista negra o pactada como denuncia CGT. "Los criterios son antigüedad, polivalencia y amortización del puesto de trabajo", aseguraron fuentes de Nissan, que agregaron que también tuvieron en cuenta otros requisitos que reclamó Trabajo, como el de igualdad entre sexos.

Las acusaciones de listas negras también salieron a relucir cuando Seat, en diciembre de 2005, presentó un ERE que supuso el despido de 654 trabajadores. CGT denunció que se llevaba el mayor palo, con 136 afiliados despedidos, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón. EL TSJC consideró que Seat había vulnerado el derecho a la libertad sindical y la condenó a abonar 9.000 euros como indemnización por "daños y perjuicios". Eso no supuso la readmisión de los despedidos.

CGT fue aún más lejos y acusó al resto de los sindicatos, pero sobre todo a UGT y CC OO, de favorecer el ERE cuando firmaron el plan que fijaba fórmulas como las bajas voluntarias para reducir el excedente de personal. Ambos sindicatos rechazaron tales acusaciones. Es más, fuentes de las dos organizaciones reiteraron su oposición a la decisión de Trabajo de admitir el ERE y aseguraron que si es necesario lo recurrirán.