La crisis del ladrillo asfixia las arcas de Roda de Barà

La crisis inmobiliaria no sólo ha dejado esqueletos de cemento a lo largo y ancho de la costa catalana. También ha vaciado las arcas de ayuntamientos endeudados que ahora carecen de los ingresos que reportaban las licencias de obras. Roda de Barà (Tarragonès) está casi en un callejón sin salida. El tercer municipio más endeudado de Cataluña tiene que afrontar varios créditos que suman 14,28 millones de euros. Y ya no dispone de unos ingresos boyantes como los de 2006, cuando le llovieron 1,7 millones de euros por licencias de obras. En lo que lleva de año el Consistorio apenas ha recaudado unos 10.000 euros, el 99,5% menos, y la tesorería está en números rojos.

La localidad, de 6.000 habitantes, creció en el último lustro impulsada por la construcción de una urbanización, El Francaset, de cerca de un millar de viviendas en la que debían residir entre 4.000 y 5.000 vecinos. Hoy muchos de esos proyectos están parados. Hay calles y farolas, pero en vez de viviendas hay terrenos sin desbrozar. Algunas empresas incluso están estudiando que los pisos, que debían ser vacacionales, sean protegidos.

Pero no es lo que más preocupa a la alcaldesa de la localidad, Mayte Huerta (PSC), que está sobre todo inquieta porque la asfixia financiera en ocasiones no le permite atender el día a día. Hay que reparar cañerías y fugas de agua, explica, pero también hay que pagar las nóminas y a sus empresas suministradoras. "Los proveedores debían cobrar el 1 de agosto, pero no va a ser posible", lamenta Huerta.

No podrá ser porque a los apuros económicos del Consistorio se le añade una compleja crisis política que impidió que el pasado 13 de julio se aprobara un plan de saneamiento que, entre otras cosas, permitiría recibir préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para abonar las deudas a proveedores. Pero el PSC gobierna en minoría desde que dos ediles del PP -uno de ellos no adscrito- pasaron a la oposición, y la oposición votó en contra del plan.

El líder del grupo municipal de CiU, Pere Compte, critica que el gobierno local ha realizado "barbaridades" desde que su partido tuvo que abandonar el ejecutivo por una moción de censura. "En plena crisis no se puede pagar 29.000 euros a un pregonero o 25.000 euros para adornar un pabellón. Nosotros pagábamos a 90 días sin problemas. Ahora se paga a ocho meses", dice.

Huerta sostiene que la mala gestión proviene de antes y que le ha explotado a su equipo por la pertinaz recesión. "Este Ayuntamiento estaba dimensionado para unos ingresos que se han dejado de percibir. Ahora sólo tenemos el IBI, el impuesto de circulación y poco más", se queja. Una recaudación que le permite poco más que pagar los intereses de una de las deudas per cápita más altas de Cataluña: 2.379 euros por habitante, cuando la media de la comunidad es de 548 euros.

Sin embargo, la difícil situación económica ha llegado también a los trabajadores. El plan de saneamiento supondría despidos, al menos 30 según fuentes municipales. Pero el comité de empresa del Ayuntamiento se manifestará este sábado porque, a su juicio, ya se está echando a empleados de "forma encubierta". "Un día nos dicen que habrá despidos y al día siguiente, que se externalizarán servicios", afirma Joan Carles Donado, de CC OO en Tarragona.

¿Hay salida? CiU, de momento, no apoyará el plan de saneamiento porque entiende que hipoteca el futuro de la localidad. Pero no hay moción de censura posible, según Compte. "Los concejales del PP firmaron ya una moción contra nosotros y no pueden volver a hacerlo esta legislatura", asegura. El pleno someterá hoy a votación una reducción del 50% en los sueldos de los concejales y retirará las competencias delegadas al gobierno local. No hay, pues, una mayoría estable a la vista para dar aire a Roda de Barà.