La estadística del descrédito

La piedra de toque para saber hasta qué punto los Kirchner y su nuevo ministro de Economía, Amado Boudou, están dispuestos a realizar cambios es la situación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), al que se acusa de manipular los datos sobre la inflación y el crecimiento económico. El Indec, bajo control del criticado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, reformó su sistema de información estadística y cayó en una espiral de descrédito, hasta el extremo de que numerosos organismos independientes aseguran que la inflación en los cinco primeros meses del año no ha sido del 2,3%, como afirma el Indec, sino del 5,7%.

La manipulación denunciada tendría por objeto reducir los intereses del pago de la deuda, pero impide que Argentina tenga acceso al mercado internacional de capitales, algo que necesita con urgencia, bien sea a través de un acuerdo con el FMI o de la emisión de nueva deuda pública. El Gobierno tiene que "tapar" el agujero fiscal que produce la reducción de actividad económica y de las exportaciones agrícolas. Por primera vez, Argentina se puede ver obligada a importar trigo, si la cosecha se queda en 9,5 millones de toneladas en lugar de los 11 millones previstos.

La salida de Moreno o un simple cambio cosmético en la estadística, como algunos del Gobierno proponen, no sería suficiente para recuperar la credibilidad. En cualquier caso, la oposición en pleno exige el cese de Moreno, y esta semana, por primera vez, un ministro cercano a Kirchner, Florencio Randazzo, aceptó que "hay productos que suben más de lo que dice el Indec".

La crisis política coincide con un aumento en el precio de algunos servicios básicos, que el Gobierno había impedido subir, o simplemente actualizar, durante mucho tiempo y que ahora, pasadas las elecciones, han experimentado un incremento en ocasiones espectacular. La subida del precio de la electricidad, del gas y del transporte empeora la difícil situación de muchos hogares, empobrecidos desde la crisis de 2001 y sometidos a un poderoso mercado laboral en negro (casi el 40% de los puestos de trabajo del país no están declarados formalmente). Por su parte, las empresas extranjeras (España es el primer inversor directo en Argentina, por delante de EE UU, con cerca del 40% de la inversión total en América Latina) contemplan con preocupación el tamaño del déficit y la posible evolución del dólar, que ha sufrido una progresiva y controlada pérdida de valor.