El Supremo encausa en el 'caso Gürtel' al tesorero del PP por delito fiscal y cohecho

La Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer investigar las vinculaciones entre la trama corrupta del caso Gürtel y el tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado del mismo partido Jesús Merino, por si el primero hubiera incurrido en delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y Merino, en delito de cohecho. Por el momento, el resto del caso Gürtel seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a que las imputaciones a los aforados son "escindibles" del resto de los delitos que se investigan. Ambos tienen ya acceso a la documentación que les atañe. El tesorero pidió el martes comparecer voluntariamente y sin necesidad de suplicatorio ante el juez instructor nombrado por la Sala.

El Supremo ve indicios suficientes de la comisión de un delito de cohecho

Las justificaciones de ingresos que aportó Bárcenas son insuficientes

El tribunal tiene más dudas sobre su participación en una trama de blanqueo

La fiscalía quería que el Supremo asumiera todo el 'caso Gürtel'

La Fiscalía había solicitado que el Tribunal Supremo se hiciese cargo de la totalidad de la causa, pero la escisión no fue mal recibida, dado que el Supremo ordena al instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, que continúe la instrucción. Según fuentes fiscales, lo que la Fiscalía temía era un posible parón en el proceso mientras se cursaban y resolvían los suplicatorios contra ambos aforados.

El Supremo justifica la separación de la causa para investigar sólo a los aforados. Considera que el presunto delito fiscal de Bárcenas no plantea problemas respecto al procedimiento que sigue el Tribunal Superior de Madrid y el de cohecho "hace que deba extenderse la competencia, por conexión, sólo respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Si en las investigaciones que ahora se inician aparecen indicios sobre hechos distintos se podrá ampliar la instrucción ante la Sala Penal.

Según el Supremo, en la exposición razonada que hizo el magistrado de Madrid Antonio Pedreira se da cuenta de la percepción de cantidades económicas por Bárcenas (casi un millón de euros) y Merino (50.000), según la documentación intervenida en el registro de la sede central de las empresas de Correa en la calle Serrano de Madrid y en el pen drive donde consta la contabilidad B del grupo.

Según el Supremo, esas cantidades supuestamente percibidas por los aforados no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción, por lo que "los indicios resultan, en principio, suficientes para la instrucción de una causa criminal" por delito de cohecho. También pueden derivarse de ella los delitos fiscales que correspondan a los ingresos detectados. Sin embargo, en Merino ni el Supremo ni Pedreira aprecian delito fiscal. De hecho, señala que el informe de la Agencia Tributaria que analizó sus empresas "destaca la normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto de las empresas relacionadas como aquellas que generaron ingresos a estas empresas".

Bárcenas hizo llegar al juez Pedreira unas alegaciones en las que trata de justificar esos ingresos en la obtención e inmediata devolución de un crédito, y en las ganancias derivadas de una venta de acciones erróneamente declaradas a Hacienda. Ese argumento, sin embargo, es para el tribunal insuficiente para contrarrestar el informe de la Agencia Tributaria, que ya tuvo en cuenta los argumentos de Bárcenas.

Pedreira refiere también indicios de un "desvío de fondos, típico del blanqueo de dinero y, en general, respecto a los delitos cometidos mediante la utilización de empresas del denominado grupo Correa". En una de esas operaciones, en concreto una inmobiliaria, el juez Pedreira aportaba un documento manuscrito en el que aparecía "LBárcenas" como indicio de la participación del tesorero en la red de blanqueo en paraísos fiscales. Pero, según el Supremo, ese manuscrito "carece de fuerza". El tribunal considera que no se han aportado indicios de relevancia penal que acrediten su participación en una trama de blanqueo de dinero. Pero si aparecen nuevos indicios en el curso de la investigación, se podría ampliar el proceso al delito de blanqueo, concluye el Supremo.