El tesorero, en el centro

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha asumido la competencia del caso Gürtel (o Correa), pero sólo en lo referente a la investigación del senador y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y del diputado nacional Jesús Merino, en cuya conducta percibe serios indicios de cohecho y delito fiscal, en el primer caso, y sólo cohecho, en el segundo. El grueso de la causa, con tres aforados autonómicos del PP madrileño, seguirá en manos del Tribunal Superior de Madrid, mientras que la parte referente a los trajes de Camps y de su número dos, Ricardo Costa, se mantiene en el Tribunal Superior de Valencia.

La decisión del Supremo es procesalmente muy cuestionable. El propio tribunal admite que no es la tradicional en casos que afectan a la vez a aforados y no aforados, en los que la unidad de la causa, y no su despiece, prevalece por razones de seguridad jurídica y de eficacia investigadora respecto de delitos harto complejos y conectados entre sí.

No descarta que la causa entera pueda regresar a sus manos, aunque son débiles las razones que da para que no sea así ahora: la conexión entre los delitos atribuidos a Bárcenas y a Merino con el entramado delictivo puede ser de momento tenue, pero existe. Todo ello pone en evidencia el anacronismo de la figura del aforado, multiplicada en España con los Parlamentos regionales, que ha terminado por erigirse en un obstáculo tanto para la investigación del delito como para el normal funcionamiento de la justicia.

En todo caso, y en contra de lo que puede parecer, la decisión del Supremo tiene un efecto negativo para el PP: el caso Correa pasa a ser el caso Bárcenas, lo que agrava sus repercusiones políticas. Que el tesorero del PP protagonice en primera línea un caso de corrupción reduce al límite el margen de tolerancia y comprensión que Rajoy le viene otorgando. Lo que no impidió que ayer la cúpula del PP hiciera una lectura del auto del Supremo en la que rehúye fijarse en aquello de lo que se acusa a su tesorero (posibles sobornos de casi un millón de euros por parte de la trama Correa y ocultación al fisco de una cantidad parecida) y se resalta, en cambio, aquello de lo que, de momento, no se le acusa.

El momento que tanto temía el PP ha llegado. Es el Supremo -no lo son ni Garzón, ni el ex ministro Bermejo, ni la fiscalía, ni la Agencia Tributaria, ni tampoco el Gobierno- el que ayer precisó claramente los posibles delitos que se atribuyen al tesorero nacional del partido y sobre los que centrará su investigación. El PP no puede seguir manteniendo en el caso Correa la actitud esquizofrénica que se deja ver en su personación como acusación particular en la causa: busca defender sus intereses frente a presuntos delincuentes que son cargos institucionales y militantes cualificados, al tiempo que sigue protegiendo políticamente y fuera de la causa a algunos de ellos -Bárcenas y otros- apostando por su honorabilidad.