El PP hizo dimitir a otros implicados con pruebas similares

En las escasas ocasiones en las que tienen que responder a periodistas sobre el caso Gürtel -Mariano Rajoy no ha dado una rueda de prensa en semanas-, los dirigentes del PP insisten en negar que haya una diferencia de trato entre los diversos implicados en la presunta red corrupta ligada al principal partido de la oposición. Sin embargo, un mínimo análisis del recorrido procesal del caso y sus consecuencias políticas deja muy en evidencia esa diferencia de trato.

Después de unas iniciales reticencias y ataques al juez Baltasar Garzón y a los medios de comunicación, el PP de Madrid destituyó fulminantemente uno tras otro a todos los implicados que dependían de este partido. La dirección nacional ha argumentado en alguna ocasión que Luis Bárcenas, el tesorero del PP, no está aún imputado, por lo que no se puede tomar una decisión. Pero tampoco estaban imputados aún -quedaban semanas para eso- ni Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, ni Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, ni Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, cuando su partido les forzó a dimitir.

Fue el propio Rajoy quien vendió en una sus pocas ruedas de prensa que González Panero había dimitido, aunque el propio ex alcalde lo desmintió y el partido tuvo que forzar su salida pocas horas después. Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey, también dimitió antes de ser imputado.

En la constante búsqueda de excusas para explicar por qué Bárcenas no ha dimitido mientras todos los demás implicados, salvo Francisco Camps y Ricardo Costa, sí lo han hecho, la dirección del PP también ha argumentado que Bárcenas tiene un cargo interno del partido mientras los alcaldes tenían un cargo público. Pero Benjamín Martín Vasco, que es, como López Viejo y Alfonso Bosch, aforado de Madrid como diputado autonómico, también dejó un cargo interno, el de portavoz adjunto y número dos del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, antes incluso de ser imputado.

Otro de los intentos de exculpar a Bárcenas se centra en que no están claras las pruebas. Sin embargo, los datos que se han conocido hasta ahora contra Panero, López Viejo y otros implicados madrileños son muy similares a los que figuran contra Bárcenas tanto en el auto de Garzón, como en el del juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que ahora el Supremo da por buenas para seguir investigando. Se trata de documentos de la contabilidad B de la red de Correa, avalados por las declaraciones de algunos de los trabajadores de la red.

En el caso del tesorero, estas pruebas están reforzadas, y así lo asume el auto del Supremo, por un informe de la Agencia Tributaria que le incrimina, algo que no ha sucedido con otros implicados que han dimitido y han sido suspendidos cautelarmente de militancia. Por eso, en los comentarios en privado hay cada vez más dirigentes que destacan la diferencia de trato entre los cargos nacionales, especialmente Bárcenas y Camps, y los locales, que han caído todos rápidamente sin que lo impidiera Rajoy, que ahora insiste en que necesita "alguna prueba" para echar al tesorero.