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La investigación judicial del 'caso Gürtel'

El juez busca papeles del 'caso Gürtel' en dos ayuntamientos de Madrid

La policía decomisa varias cajas de documentos en Boadilla y Majadahonda

El juez Antonio Pedreira ordenó ayer registros en los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda en busca de documentos sobre concesiones y adjudicaciones de obras a las empresas de la trama corrupta de Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel.

Agentes de la policía judicial se presentaron en ambos consistorios y decomisaron varias cajas con documentos, algunos relacionados con la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. El juez ya fijó para el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero una fianza en concepto de responsabilidad civil de 1,8 millones de euros, la mayor de las que ha impuesto hasta ahora por, presuntamente, recibir dinero del entramado de Correa.

En la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de El Albondiguilla -el apodo con el que se refería Correa a González Panero- y con referencias a "América". Correa y González Panero han efectuado viajes juntos a Estados Unidos que fueron pagados por la trama. Los investigadores sostienen que González Panero es uno de los ex alcaldes del PP implicados que más dinero habría recibido de la trama.

El juez también practicó ayer un registro en el Ayuntamiento de Majadahonda. Es la segunda vez que la policía se lleva documentación de este consistorio, cuyo ex alcalde Guillermo Ortega, del PP, también está implicado en el caso Gürtel.

Fuentes municipales explicaron que los agentes habían requisado documentación anterior a 2005, coincidente con el mandado de Ortega. Entre los expedientes decomisados figura el proyecto de construcción de 16 viviendas de lujo en 2004. La trama Gürtel afecta en Madrid a cuatro ex alcaldes del PP y tres diputados regionales.

Por otro lado, Pedreira interrogó e imputó ayer por delitos de cohecho y blanqueo de capitales, entre otros, a Francisco de Paula Jurado. Es una de las personas que imputó Garzón en relación con los despachos de abogados de los que se habría servido Correa para evadir capitales. En calidad de testigos, Pedreira interrogó también a Juan Antonio Camargo Muñoz, funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y a Miguel González Martínez, funcionario de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de junio de 2009