Afer se querella contra la Diputación por prevaricación al embargar sus cuentas
El grupo aduce que no hay motivos para retener fondos de tres empresas
El caso Afer suma ya un tercer pleito abierto en los tribunales. Dos empresas del grupo constructor han presentado una querella criminal por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra la Diputación de Vizcaya por el embargo de una decena de cuentas bancarias de tres compañías del grupo Afer. Estas firmas (Iurbenor, Habidite y Habidite Technologies) tienen sus cuentas bloqueadas desde principios de mayo por orden de la Hacienda vizcaína, que justificó su decisión por el riesgo de impago de una deuda fiscal de 43 millones de euros correspondiente a Iurbenor. La querella fue presentada el pasado viernes por Habidite y Habidite Technologies.
El nuevo pleito se une a un recurso judicial presentado en mayo por Afer por este mismo asunto y a la denuncia de siete ex socios de Iurbenor, quienes acusaron a Jabyer Fernández, presidente del grupo empresarial, de apropiación de fondos al haber desviado esos 43 millones del IVA a sanear el grupo.
La denuncia recalca que el bloqueo les acerca a la suspensión de pagos
El embargo fue dictado el pasado 30 de abril por la Hacienda vizcaína sin entrar a estudiar el aplazamiento de la deuda solicitado por Iurbernor, un trámite habitual en las empresas. Sólo el pasado año se concedieron en Vizcaya 7.000 aplazamientos de pagos. Tres días después de exigirle más documentación, decretó la retención de fondos. La normativa tributaria de Vizcaya fija que la petición de aplazamiento del pago de una deuda por una empresa suspende el periodo ejecutivo de cobro. Sin embargo, el apartado de medidas cautelares permite el embargo cuando "existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado". La Hacienda foral entiende que se produce esta situación al señalar en su decreto de embargo que ha habido trasvase de bienes entre empresas del grupo.
La querella sostiene que el embargo es ilegal al citar los motivos "de forma genérica", a lo que añade que Habidite no recibió inicialmente una notificación sobre el embargo y se enteró del mismo por los bancos en que tiene sus cuentas. "Las notificaciones posteriores no convalidan la ilegalidad" del embargo, expresa el escrito, que ahora debe admitir a trámite el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
La querella cuestiona que Habidite y Habidite Technologies deban responder de las deudas de Iurbenor y reitera que no hay pruebas de "maniobras tendentes a frustrar el cobro" de la misma. Los denunciantes recuerdan que en la orden de embargo a los bancos se les insta a transferir el dinero de las cuentas en diez días, plazo que se cumplió a fines de mayo, pero que no ha sido hecho efectivo por bancos y cajas.
La querella se dirige contra el jefe de Recaudación de la Hacienda, Miguel Ángel Beitia, quien firmó la orden, y la Diputación como responsable subsidiaria. Considera que el embargo "acrecienta las fundadas sospechas de que todo el asunto "es una cuestión personal" contra Fernández. Advierte de que la retención ha imposibilitado el pago de nóminas y a acreedores y que les sitúa al borde la suspensión de pagos.
Afer organizó ayer una jornada de puertas abiertas al público para visitar el piso piloto de su proyectada fábrica de pisos, la raíz del conflicto entre la Diputación y el grupo.
