El nuevo modelo económico se ensaya en andaluz

La crisis económica que estos momentos estremece al mundo ha propiciado un aguacero de reflexiones para buscar fórmulas nuevas. El domingo pasado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en un mitin electoral en Dos Hermanas que el cambio de modelo productivo que había apuntado días antes en el debate del Estado de la nación comenzará por esta comunidad autónoma, con un programa que denominó Andalucía Sostenible, para lo que con antelación (no después del 1 de agosto), el Consejo de Ministros aprobará en Sevilla la ley de Economía Sostenible que dará cobertura a este plan.

Las preguntas surgen de manera inmediata: ¿Por qué Andalucía? ¿En qué consiste? ¿Tiene las condiciones económicas adecuadas? ¿Se puede modificar un sistema productivo desde el poder político?

Las cajas deben cambiar el chip y agruparse para crear compañías

En sus dos primeros años, CTA ha financiado 150 proyectos

Desde hace un par de meses, el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo viene trabajando con el gabinete de Rodríguez Zapatero sobre la posibilidad de empezar a desarrollar un modelo nuevo mediante un acuerdo entre la Junta y el Gobierno de la nación. La idea de origen es que el desmoronamiento del sistema actual evidencia que ya no vale y es preciso hallar otra manera para evitar el colapso. "Quienes esperan que escampe y seguir igual se equivocan, cuando se produce una hecatombe de estas características no se puede responder con las mismas medidas, tienen que ser distintas", comenta Vallejo.

De momento, las actuaciones de las administraciones públicas han sido de urgencia para proteger el sistema financiero, salvar a las empresas y mantener la cohesión social, pero la situación requiere algo más: aprovechar la crisis para dar un giro.

¿Por qué Andalucía? El Ejecutivo andaluz lo ve claro, según dijo un portavoz. En primer lugar, porque se necesita una mínima masa crítica, un número de habitantes equivalente a un país para poder testar -Andalucía es más grande y con más población que siete estados europeos-, y porque cuenta con una serie de instrumentos que se pusieron en marcha con la integración de ciencia, universidad e industria que otorgan cierta ventaja sobre el resto de las autonomías.

Estos instrumentos son, por ejemplo, Corporación Tecnología de Andalucía (CTA), 30 centros tecnológicos, 11 parques industriales, el programa europeo Jeremie -impulso financiero para pymes con una dotación de 235 millones de euros-, una estructura universidad-empresa que es ya una realidad con un millar de investigadores permanente y 200 sociedades de base tecnológica. Promovida en 2005 por la Junta, Corporación Tecnológica es una fundación privada gestionada por empresarios, con un fuerte componente público: la Consejería de Innovación ha contribuido con unos 50 millones de euros, una cantidad similar a la que aportan las sociedades.

En sus dos primeros años y medio de vida, CTA ha financiado 152 proyectos, de los que el 26% son en cooperación de distintas disciplinas, uno de los objetivos que se persiguen. El volumen de incentivos es de 43,8 millones de euros que movilizan una inversión en torno a los 150. Hace cinco años, apenas había en Andalucía un centenar de investigadores que trabajasen habitualmente con empresas. Además, apunta Vallejo, Andalucía es vanguardia en industria aeronáutica, con Alestis, biotecnología aplicada a la agricultura y salud y uno de los mejores sistema de salud del mundo, capaz de exportar tecnología des gestión clínica e informática (red de tarjeta sanitaria con información de historia clínica para ocho millones de habitantes). También es puntera en biología molecular e investigación con células madre.

En definitiva, sostiene el ex consejero, "una ventaja de cinco años que hemos ganado al resto de España en tres factores clave de desarrollo: telecomunicaciones, energía e industria".

La filosofía del cambio se apoya en una transformación de la educación, del papel de las administraciones públicas, de las entidades financieras para que creen empresas fuertes que tiren de las demás y la innovación tecnológica y de ideas en las empresas. "Es lo que están haciendo países como India o China, trabajar en un cambio en profundidad", apostilla Vallejo.

Respecto a la educación, no se trata sólo de gastar más dinero, hay que transformar todo el sistema y reorientarlo para hacerlo más útil a la sociedad, más eficiente. Un ejemplo sería conectar la Formación Profesional (FP) con las pymes, como se está haciendo con la Universidad y las grandes empresas. De esta forma, las pequeñas sociedades tendrían una asistencia permanente. El papel de las administraciones públicas también es fundamental, tienen que ser innovadoras y fomentarla en su entorno. Para eso no se descartan medidas drásticas como recortar todos los plazos de tramitación burocrática a la mitad y cambiar el sentido del silencio administrativo, de modo que sea positivo en lugar de negativo.

Según Vallejo, la Administración tiene capacidad para impulsar la economía. "Por ejemplo, si el presidente del Gobierno anuncia que cada alumno debe tener un ordenador portátil, la Administración puede pedir a las empresas que le desarrolle un modelo, hacer lo que se llama compra temprana, y adecuarlo a las necesidades con elementos novedosos que luego se puede exportar y vender en otras partes", relata.

Las cajas de ahorros también deben cambiar el chip y agruparse para crear grandes compañías o holding, empresas campeonas, que tiren de las demás, como Alestis. Las actuaciones para cambiar el modelo requieren por ello de un sistema financiero comprometido con el empeño y con musculatura y recursos suficientes, de ahí la importancia estratégica de las fusiones o alianzas entre cajas. "Innovar no es sólo introducir Internet, es decir, únicamente la tecnología. Buena parte de las empresas tenían una estructura con trabajadores cuya formación es baja. Ahora hay que pensar ganar en estímulo y dejar atrás las jerarquías, que matan la creatividad. El ejemplo que se pone siempre de esto es Google, que ha facilitado a sus trabajadores para que creen empresas que a su vez trabajen para otras compañías", reflexiona el ex consejero.

Sobre plazos aún no hay nada. Lo que se sabe es que el Gobierno tiene la intención de crear un fondo estatal con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para todo el Estado que movilizará al menos 20.000 millones de euros entre aportación pública y privada.