El PP recurre a un truco para colar en las Cortes su ley contra el aborto

Juan Cotino, vicepresidente, consejero de Bienestar Social y miembro del Opus Dei, celebró ayer en los pasillos de las Cortes el primer paso parlamentario del proyecto de ley de protección de la maternidad impulsado por el Consell. "Soy muy feliz", dijo Cotino, "antes de verano seremos la primera comunidad autónoma de España en la que apostamos por una ley social de apoyo a la madre y al ser engendrado. Para el Gobierno valenciano, se es cuando se es engendrado".

El proyecto del Consell se ha colado en las Cortes a través de una triquiñuela legal. Formalmente se debatirá una proposición no de ley elaborada por el grupo parlamentario del PP que no ha sido sometida al dictamen sobre su calidad legal desde el Consell Jurídic Consultiu ni sobre su oportunidad social en el seno del Consejo Económico y Social, como es preceptivo para los proyectos de ley del Consell.

Catalá: "Los hijos son de las madres, no del Estado, ni de la Iglesia"

La proposición entra en escena, además, como enmienda a la totalidad a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) trasladada a las Cortes por grupos antiabortistas y cuyo trámite fue aprobado por el PP en solitario.

María José García Herrero, diputada del PP, atribuyó a "una coincidencia en el tiempo" y a "una coincidencia de objetivos" la decisión de "diluir" el anteproyecto de ley del Consell en la ILP de los grupos antiabortistas. Según García Herrero, la proposición de ley "otorga y reconoce derechos, no condena a nadie y no tiene nada que ver con debates ajenos a la Comunidad Valenciana".

Pero las tres portavoces de la oposición que tomaron la palabra coincidieron al señalar la evidente oportunidad política de una proposición que se tramitará en las Cortes en paralelo al proyecto de ley del Gobierno que prevé el aborto libre durante las 14 primeras semanas de embarazo y que permite la libre elección sobre la interrupción del embarazo a las mujeres desde los 16 años.

Consuelo Catalá, del PSPV, denunció la "alevosía" con la que el PP ha "dado el cambiazo" a la ILP para colar el proyecto del Consell como una proposición de ley del grupo parlamentario. Pero centró sus críticas en el fondo de la norma: "Legislan según sus creencias por encima de los derechos de las mujeres. Y solo consideran la obligación de ser madre, no el deseo previo de ser madre". "Los hijos son de las madres, no del Estado, ni de la Iglesia", sentenció.

Glòria Marcos, de Esquerra Unida, acusó al PP y al Consell que preside Francisco Camps de insumisión a las leyes vigentes en España. "No gobiernan para todos los ciudadanos, sino para grupos minoritarios y rancios de ultraconservadores católicos", denunció Marcos, "se ofrecen a apoyar a mujeres frágiles en momento de debilidad que son usadas como vientres de alquiler para dar hijos a las buenas familias cristianas que no pueden tenerlos", espetó.

Mireia Mollà, de Compromís, lamentó que "hasta la derecha europea más conservadora consideraría una barbaridad" un proyecto que "penaliza a las mujeres que hacen uso de su libertad de decisión" y se preguntó por el calado del nuevo frente de oposición al Gobierno central que abre el Consell: "¿Aplicarán sin reparos la ley nueva ley estatal sobre derechos sexuales y reproductivos?"