A la medida de las entidades antiabortistas

Los grupos antiabortistas han visto colmadas sus aspiraciones con la proposición de ley que impulsa el PP. Ideológicamente, el documento recoge al pie de la letra las posturas de estas asociaciones relativas a la protección de la "vida en formación". De hecho, al presidente de Provida Valencia, Justo Aznar, le ha faltado tiempo para alabar en una nota de prensa un texto que "defiende la vida humana desde la fecundación hasta la muerte natural".

Pero, sobre todo, se abre la puerta a la financiación con fondos públicos de las actividades de estos grupos. Y ello con la garantía que ofrece que la fórmula elegida sea a través de la solemnidad de una ley. Justo Aznar también tiene por ello motivos para estar agradecido: "El que se apoye la maternidad con medidas objetivas, tanto administrativas como económicas, nos parece encomiable y acorde con los fines que defiende Provida".

La proposición de ley sienta así las bases para confiar a los grupos antiabortistas la puesta en marcha de las principales medidas del texto y que el PP define como "protección de la maternidad". A través de las líneas presupuestarias de la consejería de Bienestar Social, estas entidades serán las encargadas de gestionar los centros de información a la maternidad, los centros de atención itinerantes, los servicios de información telefónica o las redes de voluntariado encargadas de asistir a las mujeres gestantes en dificultad. Y de tratar de disuadir a las mujeres de que interrumpan su embarazo.

El primer paso en este camino ya se ha dado. Bienestar Social aprobó hace un mes un decreto para repartir 100.000 euros entre organizaciones sin ánimo de lucro que en sus estatutos incluyan "como fin primordial" garantizar y proteger "la vida en formación" y que defendieran "la creación de una cultura de vida".

Tanto la ley como la orden forman parte de una iniciativa más amplia impulsada por el vicepresidente social de la Generalitat, Juan Cotino, denominada Programa + Vida. En su presentación, Cotino planteó medidas más ambiciosas en las que se incluía la propuesta de ceder en adopción a bebés de madres que no quisieran hacerse cargo de ellas antes incluso de dar a luz, una medida que no solo no contempla la ley española, sino que raya la figura de la madre de alquiler. Al final, la ley únicamente alude a que se agilizarán los trámites de las adopciones en el ámbito de las competencias autonómicas.

Con estas medidas el Consell refuerza su vertiente más conservadora. Sin embargo, paralelamente a estas tesis de "defensa de la vida desde la concepción", la Generalitat ha sido uno de los principales impulsores de la investigación con embriones humanos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia.