La Generalitat acusa a los bancos de ralentizar la venta de vivienda pública

Apenas 10 meses después de haber firmado con 15 bancos y cajas un acuerdo para financiar con 12.000 millones la compra de pisos sociales, el Gobierno catalán teme que el pacto quede en papel mojado. Los bancos se resisten a abrir el grifo del crédito pese a las ayudas públicas que han recibido. Ante esta situación, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, denunció ayer las "enormes dificultades" para hacer aplicar el acuerdo.

El titular de Vivienda evitó el enfrentamiento directo con bancos y cajas en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión del Consell Executiu, pero sí quiso dejar patente su enfado. Dijo mantener una relación "fluida" con las entidades de crédito, pero les lanzó una advertencia. "Tanto estrangulamiento puede tener efectos negativos a largo plazo", dijo recordando que los créditos de hoy son beneficios para mañana.

Los rifirrafes de Baltasar con la banca no son nuevos, pero el enfrentamiento ha llegado ahora a cotas nunca vistas porque el Gobierno entiende que no hay razones para no cumplir el pacto. Los bancos, concretamente, se comprometieron a dar préstamos por valor de 12.000 millones de euros en tres años. Ello debía permitir la compra o la rehabilitación de 150.000 viviendas. El acuerdo también debía permitir financiar obras de entre 5.000 y 10.000 pisos de cesión para el alquiler. A la vista de que todo esto peligra, Baltasar se sumó ayer a las demandas del alcalde de Jordi Hereu para que la banca no impida el acceso a la vivienda.

Baltasar recordó que los datos sobre vivienda en Cataluña señalan que se está lejos de salir de la crisis. Las operaciones de compraventa, recordó, han caído un 45% este año y hay cerca de 85.000 viviendas desocupadas. El sector del alquiler, sin embargo, ha experimentado un incremento del 5% en número de operaciones, hasta las 21.000.

Para incentivar el sector, el Gobierno catalán aprobó ayer destinar 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas, que se suman a los cinco millones ya previstos para 2009 y a los 20 millones de la dotación extraordinaria hecha pública en el pasado mes de abril.

En total, el Gobierno destinará 66 millones a rehabilitar el parque de viviendas existentes, el 45% más que en 2008. Estas ayudas beneficiaron a 18.623 hogares el año pasado y, según las previsiones, en 2009 la cifra se aproximará a los 28.000 pisos, con un importe medio de 2.400 euros.

En el marco de la crisis económica actual, el Gobierno avanza hasta el 60% del importe de las subvenciones aprobadas. Baltasar explicó que su departamento se ha ofrecido para gestionar la Renta Básica de Emancipación, que otorga el Gobierno central, debido a los retrasos en el cobro. Indicó que en algunos casos se tarda hasta 10 meses en percibir la ayuda.

El Gobierno también da luz verde a dos decretos en materia de vivienda. Uno se refiere al realojo de las personas afectadas por actuaciones urbanísticas, como reforma del barrio, rehabilitación, planeamientos urbanísticos o afectaciones por la construcción de alguna infraestructura. Esta norma modifica el reglamento de la ley de urbanismo en cuanto al derecho de realojo y aclara el régimen de sustitución de viviendas en procesos de reforma urbanística.

El segundo decreto supone la creación de un registro general de solicitantes de vivienda protegida, que unificará todos los registros, incluidos los de los ayuntamientos. Todos los ciudadanos que necesiten una vivienda de protección oficial y que cumplan los requisitos deberán inscribirse en el registro, que tiene una duración de tres años renovables.