Morales decide no ir a las cumbres americanas por la crisis en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha renunciado a participar en la importante cumbre americana que se celebra esta semana en Trinidad y Tobago, con asistencia del estadounidense Barack Obama, para no abandonar La Paz y no disminuir la presión que ejerce sobre el Parlamento para que autorice un cambio en la Ley Electoral y la celebración de nuevas elecciones presidenciales el próximo 6 de diciembre. Morales, que mantiene una huelga de hambre en el Palacio Quemado desde el pasado martes, tampoco asistirá a la cumbre del ALBA (el organismo de libre comercio impulsado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez), que tiene previsto celebrar una reunión en Caracas justo antes del encuentro en el Caribe. En la tarde de ayer (madrugada en España), la oposición y el Gobierno anunciaron que se había llegado a un acuerdo, que en todo caso tenía que ser aprobado por el Parlamento. El debate del texto en el Congreso empezó de madrugada, y estaba previsto que durara varias horas.

El mandatario sigue en huelga de hambre para forzar la nueva ley electoral

La batalla que lleva a cabo Morales es fundamental para el desarrollo de su proyecto. El presidente consiguió en enero una sólida victoria en el referéndum de una nueva Constitución (60%), pero para poner en marcha los incontables, y a veces polémicos, cambios institucionales que prevé el nuevo texto, necesita ganar un nuevo periodo presidencial.

Hasta el momento, Morales ha tropezado con el bloqueo del Senado, donde no tiene suficiente mayoría y donde la oposición intenta evitar que las elecciones de diciembre se lleven a cabo de acuerdo con las nuevas normas, es decir, con la creación de 14 distritos electorales "indígenas", diseñados, denuncian, para facilitar la reelección del presidente y quitarle fuerza a la oposición. El Gobierno mantiene que la reforma de los distritos electorales, aprobada en la Constitución, es fundamental para asegurar la integración de las poblaciones indígenas que están en minoría en algunos departamentos y que han sido excluidos tradicionalmente de la vida política e institucional.

Formalmente, la oposición, centrada en los llamados departamentos de la media luna, los más ricos del país, no se niega a implementar la Constitución, pero exige un nuevo censo que corrija los errores del modelo actual. Morales se negó inicialmente a contemplar esa reclamación y se puso en huelga de hambre, junto con 13 dirigentes sociales indígenas, en el propio palacio presidencial para intentar forzar al Senado.

Los incidentes de la semana pasada en el Congreso, donde oposición y seguidores de Morales protagonizaron duros choques, llevaron al presidente a modificar su negativa y a mostrarse dispuesto a impulsar el nuevo censo, siempre que finalice a tiempo para las elecciones de diciembre. Para ello está dispuesto a destinar los fondos que tenía para comprar un nuevo avión presidencial.

El censo se realizaría con las más novedosas técnicas electrónicas, como huellas dactilares, fotografías digitales y la firma de los votantes. "Si la Corte Nacional Electoral asegura la realización de las elecciones de diciembre y garantiza la del nuevo padrón electoral biométrico, el Gobierno se compromete a dar los fondos y todo lo necesario para llevarlo a cabo", reiteró ayer Morales.

El presidente no había abandonado anoche la huelga de hambre, y sus partidarios estaban organizando marchas en todo el país. La oposición, que considera que la huelga de hambre es "vergonzosa" y un chantaje político, aceptó volver al Parlamento y examinar la propuesta de Morales. "Estaremos en La Paz", prometió el senador Walter Guiteras, de la coalición Podemos, líder de la oposición. Guiteras recordó, sin embargo, que, además del padrón, era necesario llegar a acuerdos sobre el voto de los bolivianos en el exterior, que no ha sido desarrollado aún legislativamente.

Oposición y Gobierno son conscientes de que la gran batalla está en el número de escaños que se destinen a los llamados "pueblos originarios", minorías étnicas distintas de los aymara y los quechuas, a los que la nueva Constitución otorga un nuevo protagonismo político y el control de amplias extensiones de tierra.