Desvelos para el nuevo ministro

Las universidades han vuelto al Ministerio de Educación un año después de su traslado a Ciencia e Innovación, algo que han celebrado con entusiasmo los sindicatos, la mayoría de los estudiantes y, en general, la mayor parte del sector educativo. Y para encargarse de la reunificada cartera de Educación, llega un hombre que conoce muy bien la Universidad, Ángel Gabilondo, hasta ahora rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Sustituye a Mercedes Cabrera, que llegó al cargo en 2006, recién aprobada en el Congreso la actual ley educativa (LOE), precisamente para dar un impulso a la reforma de las universidades para adaptarlas a Europa (el Proceso de Bolonia). El impulso se dio, y ahora llega Gabilondo para terminar de acometer los cambios sorteando la incómoda revuelta estudiantil que se ha levantado en su contra. Diplomático y dialogante, se ha destacado su capacidad de gestión y su profundo conocimiento de la Universidad para hacerse cargo de esa tarea.

El plan contra el abandono escolar está esbozado, pero no puesto en marcha

La reforma de la FP ha de llevarse a cabo en colaboración con Trabajo

Pero también tendrá que vérselas con la educación no universitaria, un terreno políticamente pedregoso y víctima de constantes controversias y luchas partidistas. El nuevo ministro tomó las riendas de Educación la semana pasada, ofreciendo diálogo a todos los sectores y un pacto en todos los niveles de la educación. Y lo hizo en un momento en el que la culminación de la puesta en marcha de la ley educativa está encontrando dificultades en el Bachillerato, con un ambicioso plan contra el abandono escolar a medio hacer y con una reforma de la Formación Profesional que deberá llevar a cabo a medias con el Ministerio de Trabajo. Pasado lo peor de la tormenta por el boicoteo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, éstas son algunas de las brechas abiertas con las que Gabilondo tendrá que lidiar:

- Fracaso escolar. Ese 31% de jóvenes de 18 a 24 años que deja de estudiar después de la educación obligatoria, buena parte de ellos porque no obtuvieron el título básico, el de la ESO, ha sido permanentemente señalado como el gran problema de la educación española. En noviembre del año pasado, ministerio y comunidades autónomas acordaron un plan para conseguir atajar esa alarmante tasa de abandono escolar, con un diagnóstico común y unas medidas dirigidas a flexibilizar las entradas y salidas de cada tramo educativo (ESO-FP-Universidad).

Tras varios meses, el plan aún no ha recibido mayor concreción. El mes pasado, el Consejo Escolar del Estado (máximo órgano consultivo en esa materia) y los 17 presidentes de los consejos escolares autonómicos aprobaron un acuerdo para apoyar el plan y pedir al Gobierno y las comunidades que lo impulsen.

- Flexibilización del Bachillerato. El Tribunal Supremo tiró para atrás el mes pasado la posibilidad de que los alumnos que suspendieran tres o cuatro asignaturas en 1º de Bachillerato pudieran repetir sólo las cateadas y completar el año escolar estudiando dos o tres materias de 2º. La medida, que pretendía luchar contra el abandono escolar en el Bachillerato, fue rechazada por el Supremo por una cuestión de forma, ya que estaba recogida en un real decreto y no en la ley educativa.

Así, el equipo de Mercedes Cabrera no se resignó y se puso a buscar la forma de llevar a cabo esa flexibilización a pesar de la sentencia. Los trabajos aún continuaban justo antes de la llegada del nuevo ministro, pero, en cualquier caso, el tiempo se agota, ya que antes del verano los alumnos que pasan de 1º a 2º deberían saber qué se encontrarán el próximo curso.

- La nueva selectividad. Muy vinculado a la reforma del Bachillerato está la reforma de la selectividad. En este caso, el ministerio ya diseñó y aprobó el nuevo modelo (que introduce una prueba oral de inglés y en el que unos exámenes contarán más que otros, dependiendo de la carrera que se quiera cursar). Ahora son las comunidades autónomas y las universidades las que tendrán que diseñar las nuevas pruebas, ya para el año 2010.

- La reforma de la FP. Más de una década llevaba atascada una reforma de la Formación Profesional para conectar la FP reglada (la de los institutos de secundaria, que conduce a un título educativo) y la formación continua y ocupacional (los cursos que dan un certificado profesional expedido por Trabajo). Por fin, en octubre del año pasado, los ministros de Educación y Trabajo presentaron, juntos, una hoja de ruta para dar el impulso definitivo a los cambios.

De momento, el real decreto que debía poner en marcha la propuesta más llamativa -que los trabajadores puedan acreditar su experiencia, lo aprendido trabajando, para convalidarlo por una parte de los módulos de FP o de certificados de profesiona-lidad-, aún está en proceso de tramitación, aunque estaba previsto para enero.

- Estatuto docente. Un compromiso pendiente de la anterior legislatura es el estatuto que configurará una carrera profesional para los docentes de la enseñanza pública. La propuesta, donde se quedó, es la de que los profesores tengan dos vías para ascender profesional y retributivamente: a través de evaluaciones de su labor o, la clásica, por años de trabajo acumulado.

- Educación infantil. El otro gran impulso que se ha intentado dar en este año de legislatura está en la educación hasta tres años. El Plan Educa 3 arrancó el pasado mes de agosto y se prolongará hasta 2012 con un presupuesto de 1.087 millones de euros: la mitad aportada por el Gobierno y el resto por las comunidades. El objetivo es crear 300.000 plazas públicas de educación hasta tres años en ese periodo, pero las comunidades tendrán que crearlas con unos mínimos de calidad para recibir el dinero del plan. Ahora, la oferta sostenida con fondos públicos -no es una etapa gratuita; en la oferta pública, los padres pagan en función de su renta- apenas llega para cubrir el 20% de la demanda potencial.

- Educación para la Ciudadanía. Tras la sentencia del Supremo que el pasado mes de enero rechazó la posibilidad de objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la polémica parece más agotada cada día. En cualquier caso, aún queda por resolver algún recurso en el Constitucional y la resistencia de los padres más aguerridos que amenazan con llevar el boicoteo "hasta sus últimas consecuencias".