Intervención obligada

Las explicaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la intervención de la Caja Castilla La Mancha (CCM) ofrecen pocos flancos para una crítica técnica e institucional. Las razones de la intervención están claras: sus cuentas mostraban una deficiente gestión del riesgo, no cumplían los requisitos de solvencia, los gestores de la institución no fueron capaces de mejorar los ratios financieros y era necesario atajar el peligro de una retirada en masa de los depósitos. El procedimiento también parece correcto: el Banco de España recomendó previamente a CCM que mejorase la calidad crediticia, redujese sus riesgos inmobiliarios y se fusionase con otra caja. La intervención era obligada después del fracaso de las negociaciones con Unicaja y, antes, con Ibercaja.

Pero la comparecencia del gobernador ante la Comisión de Economía del Congreso tiene gran importancia por tres aspectos fundamentales. El primero es su resistencia a admitir que las fusiones entre cajas de ahorros tropiezan con dificultades de tal magnitud que en la práctica las hacen inviables. El segundo aspecto es la necesidad de crear nuevos instrumentos que permitan, por una parte, reforzar el capital de las cajas -un fondo público de recapitalización- y, por otra, intervenir con presteza sin que haya que recurrir a escenificaciones truculentas y reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, como sucedió en el caso de CCM. Ambas peticiones deberían ser atendidas.

Por último, el gobernador aludió a la "prudencia y el sigilo" que deben acompañar a los procesos de intervención financiera y reestructuración bancaria. No hay más remedio que darle la razón en este punto, porque, como es obvio, la publicidad dada a las negociaciones entre Unicaja y CCM, con las continuas intromisiones políticas y el tremendismo del PP, han perjudicado objetivamente la operación. Aunque los motivos del fracaso fueran otros.