Oiga, que ese dinero es de todos

Un presidente autonómico se vio atacado recientemente por la oposición por gastar una barbaridad de dinero en un coche de lujo. Ante las críticas, decidió devolver el coche inmediatamente y pedir disculpas. Por poco no se produjeron dimisiones. Además, dio una rueda de prensa en la que dijo que comprendía que a los políticos les pueden parecer normal cosas que los ciudadanos no entienden. ¿No le suena la noticia? Es que no se trataba de Emilio Pérez Touriño.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Dolores Aguilar, presentó en noviembre su dimisión cuando el PP puso el grito en el cielo porque su departamento había comprado un Lexus de lujo de 68.000 euros para sus desplazamientos. La dimisión no le fue aceptada, pero la situación se resolvió devolviendo el coche. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, informó de que él tiene un Peugeot 407 (24.000 euros la versión más barata), aunque el coche de Presidencia es otro Audi A-8, sin blindaje ni extras comprado a precio de mercado hace cuatro años por su antecesor. Además de apoyar a Aguilar, Vara dijo lo siguiente: "Creo que todo esto no se puede despachar sin otorgarle la máxima importancia. Hay que aceptar primero que los ciudadanos no entienden determinadas cosas".

La vicepresidenta de Extremadura ofreció dimitir por comprar un Lexus

Los ciudadanos pueden creer que un cargo

Se deben justificar la idoneidad y conveniencia de las compras

Las excepciones al contratar se usan de forma laxa,

El Gobierno dice que el viaje a la cumbre del G-20 costó lo habitual

Los expertos advierten de que el despilfarro está en los gastos pequeños

En efecto, lo normal para un alto cargo no tiene por qué ser entendido por el ciudadano de a pie de un país donde el sueldo medio son 21.000 euros brutos. Emilio Pérez Touriño podía haber hecho una llamada a su colega extremeño antes de despachar con desdén las preguntas sobre su coche -"siguiente pregunta", reiteraba-, una actitud que ha sido clave en la recta final de la campaña gallega. Su Audi A-8 blindado costó 480.000 euros, cinco veces más que el Lexus.

Tras el escándalo, Fernández Vara pidió al Parlamento regional que ponga por escrito un código de buenas prácticas que defina "lo que tenemos que gastar los políticos, los coches que tenemos que tener, a qué hoteles podemos ir, qué gastos protocolarios podemos hacer, qué compatibilidad hay entre cobrar sueldos y otros tipos de ingresos".

Si el Gobierno central siguiera los mismos criterios de gasto que la Xunta, sólo tendría presupuesto para 91 coches. El Parque Móvil del Estado, que da servicio al Gobierno y a altas personalidades en Madrid, lo componen 1.098 vehículos, en su mayoría coches (no cuentan los de las fuerzas y cuerpos de seguridad). Toda la flota ha costado 36.655.619,64 euros, según los datos oficiales. Los vehículos tienen unos cinco años y su valor actual sería un tercio de esa cifra. En 2008 nos gastamos 1.973.096,56 euros en reparaciones, que no está mal como factura del taller. También el año pasado nos gastamos 1.195.177 euros en gasolina para esos vehículos. Esta factura ha bajado desde 2005, cuando la cuenta de la gasolinera nos salió por 1.538.289 euros. Ahora son más ecológicos y consumen menos. A estos coches hay que sumarles 509 más de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La cifra supone un ahorro respecto a los 894 que había a comienzos del año 2008.

Más de coches. Gracias a Touriño hemos sabido que el coche del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, un Audi A-6, le cuesta a los madrileños 591.624 euros, en régimen de alquiler hasta 2012. La marca Audi parece también la proveedora por defecto para todos los cargos valencianos. El presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, tiene un Audi A-8 del que se desconoce el coste. Como referencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se mueve en un coche igual que costó 267.336 euros. Barberá dispone de un segundo coche, igual que éste, alquilado con opción a compra. La presidenta de las Cortes valencianas tiene el mismo modelo, con otros dos vehículos alquilados con opción a compra.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, también utiliza el A-8. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, heredó este modelo del anterior alcalde, valorado en 50.000 euros. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, se mueve en un A-6 valorado en 76.000 euros.

Los modelos A-8 que eligen los políticos son coches de unos 90.000 euros, según explica un portavoz de la empresa automovilística. Lo que dispara el precio hasta lo inimaginable es el blindaje, ya que no se hace de serie. Lo caro es elegir un coche a dedo y luego blindarlo, lo que puede costar unas 10 veces más que el vehículo, explican en Audi. En concreto, Audi ha ido cogiendo fama de ser un coche muy robusto, que soporta bien los kilos extra del blindaje. En otro orden de cosas, la marca considera que aporta "lujo sin ostentación".

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, tiene un BMW 745 que costó 109.945 euros. El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, tiene otro BMW de 51.501 euros. En Andalucía, el consejero de Turismo se compró un Lexus de 66.780 euros, por cierto, el mismo por el que ofreció su dimisión la vicepresidenta extremeña.

El contribuyente puede acabar con la sensación de que en España si te dan un cargo vives el lujo gratis. El ex presidente balear Jaume Matas decidió que, para decorar su despacho, necesitaba un cuadro de 20 millones de pesetas del artista italiano Mimmo Paladino. Se lo compró en Arco. Cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo decidió remozar el piso del Estado en el que iba a vivir en Madrid, quizá no reparó en que la obra salió por más de 200.000 euros hasta que lo vio en los periódicos. El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, ha remodelado las dependencias municipales por unos 400.000 euros.

Son las cifras a las que está acostumbrada la Administración, pero que, como dice Fernández Vara, al ciudadano no tienen por qué parecerle normales. Quede claro que en todo lo aquí descrito no hay ninguna ilegalidad. Es una cuestión de prioridades. Los contribuyentes ponen el dinero, los políticos deciden las prioridades de gasto. Son anécdotas, y por eso salen en los papeles y los grupos de oposición de todo signo salivan como hienas ante cualquiera de estos casos.

José María Gimeno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Junta de Contratación de Aragón, se escandaliza como cualquiera de estas cifras. "Yo nunca podía imaginar que un coche costara eso", confiesa. "Yo puedo entender que se gaste ese dinero en seguridad el presidente del Supremo, pero en otros, sorprende". Lo mismo con el cuadro de Matas. Era una inversión para Baleares, pero "¿hasta qué punto es motivo de una Administración una inversión? Yo puedo entender que compre cuadros el Museo del Prado, o que se restaure un tapiz de un palacio del Estado, pero no que se compre un cuadro por inversión en un Gobierno".

Sin embargo, Gimeno quiere incidir en que esto son simples anécdotas. El verdadero despilfarro está en miles y miles de contratos "menores", sin concurso y totalmente opacos para el ciudadano amparados en la ley. La contratación pública es el 16% del PIB, recuerda Gimeno. El mal uso de ese dinero tiene consecuencias directas sobre la economía española.

Se refiere a que, para agilizar la Administración, hay un límite de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para cualquier otra cosa, por debajo del cual no hace falta concurso público. Es decir, se presenta la factura sin justificación, sin explicaciones, sin concurso y sin información pública. Eso es calderilla para un ministerio, y efectivamente es lo que le permite funcionar en el día a día. Pero un Ayuntamiento, con esos mismos límites, puede contratar todo a dedo sin dar explicaciones a nadie.

Esto genera "como poco, ineficiencia", dice Gimeno, ya que al no haber competencia el precio tenderá a ser más caro. "Pedir tres ofertas por e-mail no cuesta nada", insiste. "La Administración tiene su banco de licitadores, conoce a sus proveedores. Tampoco hay que pedir una oferta a Finlandia. Sólo hay que comparar, como haría cualquier particular". La contratación a dedo "nos hace ineficientes, y el siguiente paso a la ineficiencia es la corrupción". En el caso de los coches "seguro que está justificada legalmente su compra", dice Gimeno. "Pero la ley obliga a justificar la idoneidad y la conveniencia del gasto", y estos casos son discutibles "al menos estéticamente".

"La ley de contratos del sector público establece en su artículo 1 la obligación de las Administraciones de hacer una eficiente utilización de los fondos públicos, de controlar el gasto y adquirir bienes tras definir previamente las necesidades a satisfacer", explica José Antonio Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en contratación pública. Pero ésa es la teoría. "En el día a día de las compras públicas, uno de los mayores problemas es que, dado que la legislación permite algunos procedimientos excepcionales, las Administraciones acuden a ellos de forma generalizada". Los procedimientos que permiten saltarse todos los controles "se utilizan de forma laxa".

La ley prevé el procedimiento negociado (sin concurso) para una serie de casos como "imperiosa urgencia", "secreto" o "medidas de seguridad especiales". "Pero si interpretas en sentido amplio cualquiera de estos motivos, te puedes ir a ese procedimiento". Es decir, es fácil convertir la excepción en regla y adjudicar a dedo, sin publicidad y sin concurso. Utilizando "fórmulas genéricas" se puede colar cualquier gasto sin motivación por escrito.

Pero también tienen que fallar los controles internos, principalmente la intervención de las Administraciones. El interventor, el contable, está precisamente para que eso no pase. El problema es que si al interventor le justifican el gasto con esas cuestiones excepcionales, no puede poner pegas de ningún tipo. Si hay factura y hay presupuesto, hay que pagar.

Además, cuanto más pequeña es la Administración, más difícil es que los controles funcionen. Un interventor de una ciudad de más de 500.000 habitantes, que no quiere dar su nombre, explica que en un Ayuntamiento si te opones a un gasto "tienes al alcalde en el despacho de al lado". "Si pones objeciones a los gastos de personal, tienes a los sindicatos en la puerta". Además, "es un puesto designado a dedo, igual que se pone se quita". Todo esto "hace que los interventores no se pongan a cuestionar la oportunidad del gasto, se limitan a ver que cumpla con la ley de contratos y que tenga respaldo presupuestario, y ya está". En definitiva, "el criterio político se impone siempre" al criterio técnico.

Otras instituciones tienen sus propios sistemas de control. Las Cortes, por ejemplo, no rinden cuentas de sus gastos a nadie. Ni siquiera informan al Tribunal de Cuentas. Su autonomía es absoluta. Pero a cambio tienen un sistema de control muy eficaz: las Cortes tienen prohibido endeudarse. Es decir, el ciudadano sabe que su asignación de los Presupuestos Generales del Estado es todo lo que pueden gastar. El Congreso y el Senado funcionan con poco más de lo que se gasta el Real Madrid en fichajes en un verano.

Tras la discrecionalidad de los políticos y las trampas para evitar los controles, hay un último problema, la falta de información. No hay una cultura de fiscalización ciudadana de lo que hacen los políticos. En un ayuntamiento, por ejemplo, la oposición tiene todo tipo de dificultades para acceder a la información de los gastos más comprometidos. Se puede acabar un mandato sin que lleguen a ver nunca los papeles.

El Gobierno vasco (ahora en funciones) se ha hartado de contestar preguntas parlamentarias sobre los viajes de Juan José Ibarretxe y sus consejeros, como el que el presidente vasco hizo con una comitiva de 16 personas cinco días a EE UU.

Pero por lo menos el Gobierno vasco envió una detalladísima información al Parlamento sobre el viaje. Un senador del PP, Agustín Almodóbar, preguntó en noviembre cuánto había costado la participación de España en la cumbre del G-20 y cuántas personas fueron al viaje. El Ministerio de Exteriores le contestó por escrito lo siguiente: "La delegación española contó con los responsables de las áreas involucradas y con el apoyo de profesionales. (...) En cuanto a la dotación económica, es la habitual para este tipo de encuentros". A la vista de la respuesta, el senador ha repetido la pregunta. Posiblemente, aparte del Rey y el ex presidente José María Aznar, los ciudadanos no sepan cuál es el coste "habitual" de pasar un fin de semana en Washington con el presidente de EE UU. Y ya que el ciudadano es el que paga la factura, no estaría de más verla antes de la campaña electoral.

Con información de Joaquín Ferrandis, Ezequiel Moltó, María Fabra, Santiago Navarro, Lourdes Lucio y Andreu Manresa.